La Cámara alta discute este jueves las alteraciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una propuesta que incluye modificaciones para los alquileres con "desalojos exprés". Si el Senado aprueba el texto con los cambios realizados en Diputados, la norma se convertirá en ley, aunque su aplicación no será automática en la mayoría de los casos.
El foco del proyecto está en la disminución de los tiempos de los procesos judiciales para recuperar propiedades ante ocupaciones, impago o vencimiento de contratos. La propuesta establece procedimientos sumarísimos, requiere una intimación previa para quienes alquilan y prevé intervenciones específicas cuando residan personas en situación de vulnerabilidad en el inmueble.
La iniciativa no permite a los propietarios desalojar por su cuenta. Incluso si existe una deuda o contrato vencido, el dueño deberá iniciar una demanda y será un juez quien determine si corresponde ordenar el desalojo. La ejecución de esa orden recaerá en la Justicia y podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
Se espera que este jueves el proyecto se convierta en ley. El 7 de agosto, el Senado aprobó la iniciativa en general con 37 votos a favor y 33 en contra, pero Diputados introdujo modificaciones durante el tratamiento. Por lo tanto, hoy el debate en la Cámara alta se centra en esos cambios y en la posibilidad de que el texto se transforme en ley.
Para los inmuebles destinados a uso habitacional, el proyecto establece una instancia previa obligatoria antes del juicio. El locador deberá intimar al inquilino de forma fehaciente para que pague la deuda y concederle un plazo mínimo de 10 días corridos desde la recepción de la notificación.
Si el inquilino no regulariza la situación dentro de ese plazo, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo. La iniciativa prevé que el expediente siga un trámite sumarísimo, con una discusión procesal más reducida y plazos más breves que los de los procesos ordinarios.
El proyecto señala un plazo adicional de 10 días hábiles para el trámite judicial. Sin embargo, que dicho plazo se aplique no significa que la desocupación sea automática. El proceso requiere una presentación judicial, la intervención de las partes y una resolución del juez competente.
La abogada Elisa Cerri explicó que la modificación tiene efecto desde el primer reclamo formal por impago. “El propietario puede intimar al inquilino a pagar y si en diez días no paga, ya le puede iniciar el juicio de desalojo”, indicó.
Cerri señaló que el cambio propuesto acorta la duración de los conflictos que llegan a los tribunales y comparó los tiempos estimados del nuevo procedimiento con los de los juicios actuales. “Hoy un proceso de desalojo puede tardar dos, tres, cuatro años. El juicio sumarísimo, en teoría, debería durar seis meses. Creo que en la práctica va a durar de seis meses a un año, pero igual es una reducción significativa”, afirmó.
La reforma establece que las demandas por recuperación de inmuebles se tramitarán a través de un procedimiento sumarísimo. Ese mecanismo busca acortar las etapas procesales y reducir los plazos de discusión, aunque no elimina la participación de la Justicia.
El propietario deberá presentar la demanda después de la intimación si el inquilino no paga. A partir de ese momento, un juez analizará la causa y definirá si corresponde el desalojo. La orden de lanzamiento solo podrá ejecutarse tras una decisión judicial.
La normativa indica que, una vez dictada esa orden, la Justicia será responsable de llevarla a cabo. En caso de ser necesario, podrá contar con el auxilio de la fuerza pública. El dueño del inmueble no podrá realizar la desocupación por su cuenta ni sustituir el trámite judicial previsto.
El proyecto incluye situaciones de falta de pago y vencimiento de contrato. Para esos casos, se incorpora la opción de solicitar una desocupación inmediata bajo caución juratoria, que es el compromiso del solicitante ante la Justicia. Esta medida deberá ser evaluada por el juez del expediente.
Si se comprueba que el dueño ocultó hechos o documentos para obtener la medida, deberá abonar una multa de hasta 10 veces el monto del alquiler mensual. Esta suma será destinada a favor de la contraparte en el proceso.
“En términos generales, las modificaciones buscan reducir la incertidumbre del propietario ante incumplimientos contractuales. Habrá que evaluar en la práctica si estas herramientas realmente logran agilizar los procesos judiciales”, comentó María Laura Canepa, Directora de Lisicki, Litvin & Abelovich. Sin embargo, advirtió que el desafío será conseguir procedimientos más eficaces sin afectar el derecho de defensa de los inquilinos.
La iniciativa contempla un caso particular cuando en el inmueble habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En tales casos, el juez deberá convocar a los organismos competentes para buscar una alternativa habitacional transitoria.
Entre los organismos que pueden intervenir se encuentra el Ministerio Público Tutelar. La participación de estas instituciones busca que las personas afectadas cuenten con una respuesta de alojamiento temporal durante el desarrollo del proceso.
El plazo máximo previsto para esa alternativa habitacional es de 10 días. La intervención de estos organismos no detiene ni suspende el juicio de desalojo. La demanda seguirá su curso mientras se activa dicha protección transitoria.
La norma distingue la resolución sobre la posesión del inmueble de la asistencia que pueden requerir quienes se encuentran en situación de desamparo. El juez deberá promover la intervención institucional, pero el proceso judicial continuará sujeto a los plazos y decisiones correspondientes en cada caso.
Otro aspecto clave de la propuesta es su alcance territorial. Cerri instruyó que las normas procesales no se aplican de forma uniforme en todo el país, dado que cada jurisdicción posee sus propios códigos de procedimiento.
“En Argentina, los códigos procesales son de aplicación local y los códigos civiles y comerciales son de aplicación nacional”, puntualizó. Esta diferencia determina dónde se aplicarán las modificaciones que sugiere el proyecto para los trámites judiciales.
La reforma altera artículos del Código Procesal y tendrá efecto en la Justicia nacional que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias mantendrán su autonomía para dictar y aplicar sus propias reglas de procedimiento.
Por lo tanto, los cambios sobre intimaciones, juicios sumarísimos y solicitudes de desocupación inmediata no se trasladarán automáticamente a todos los tribunales provinciales. Cada región conserva la facultad de establecer las normas procesales que rigen en su jurisdicción.





