El Gobierno hizo modificaciones al Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, que fue firmado por todo el Gabinete de Ministros. Esta norma autoriza gastos adicionales por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en cerca de $7,5 billones el superávit previsto para el final del año.
Según lo indicado en la Planilla Anexa I, de 564 folios, el incremento representa un 10,2% del crédito presupuestario que estaba vigente hasta el momento, estimado en $152,47 billones.
La inflación es la principal razón de esta situación. El presupuesto se elaboró con una pauta anual cercana al 18%, pero la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 ya se aproxima al 33%. Debido a esta diferencia, muchas partidas no alcanzaron para cubrir salarios, jubilaciones, gastos operativos y obligaciones financieras.
En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo menciona que necesita ajustar los créditos para que el Estado pueda continuar ofreciendo sus prestaciones esenciales y cumplir con los compromisos previamente asumidos. Además, señala que varios organismos reportaron que los fondos asignados no son suficientes, ya que gastaron más de lo que se había previsto inicialmente.
Por otro lado, los recursos incrementan en menor medida que el gasto. Los ingresos corrientes y de capital aumentan en aproximadamente $8,1 billones, y la diferencia de cerca de $7,5 billones se resta del resultado fiscal. Según los cálculos sobre la ejecución presupuestaria, el superávit anticipado para 2026 era de $26,4 billones y ahora se reduciría a alrededor de $18,9 billones.
Al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un saldo positivo cercano a los $33,2 billones. Una parte significativa del gasto adicional se concentrará en las últimas semanas del año.
El mayor refuerzo se destina a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que está bajo el Ministerio de Capital Humano. Este organismo recibe cerca de $10 billones, casi dos tercios de toda la ampliación, y es el sector que más ha sentido el impacto del aumento de precios en la atención de jubilados y pensionados.
En segundo lugar se encuentra el Servicio de la Deuda Pública. La partida para el pago de intereses y comisiones suma alrededor de $3,9 billones, debido a que el costo financiero del Estado también ha superado lo que se había estimado.
En el ámbito de salud, el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, recibe cerca de $0,8 billones para su funcionamiento. La Gendarmería Nacional, por su parte, suma unos $0,2 billones para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
El PAMI concentra cerca de $10 billones de la ampliación de créditos, casi dos tercios del refuerzo total.
El ajuste más significativo se realiza en la finalidad Servicios Económicos, que pierde créditos por aproximadamente $2,3 billones. Esos fondos se trasladan de programas económicos a las áreas que el Gobierno considera prioritarias para cerrar el año.
Los $15,6 billones adicionales no significan necesariamente un crecimiento equitativo del gasto real, ya que en buena medida representan una actualización por inflación. Aun así, los ingresos extraordinarios recaudados en el año no alcanzaron para cubrir esta diferencia, y el Ejecutivo decidió utilizar parte del superávit para financiar los nuevos gastos. Se espera que el ejercicio cierre con un saldo positivo cercano a los $18,9 billones, que es menos de lo previsto, pero lejos de un déficit.





