El frigorífico Ecocarnes, que es dueño de la marca Cocarsa y tiene su planta industrial en San Fernando, provincia de Buenos Aires, formalizó su ingreso al concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $79.489,8 millones.
La empresa, que cuenta con 600 empleados y se dedica a la faena y comercialización de carne bovina tanto para el mercado interno como para la exportación, enfrenta una crisis financiera que ha resultado en más de 1.000 cheques rechazados, así como un procedimiento preventivo de crisis y la paralización de su planta a fines de octubre.
La solicitud de concurso fue realizada el 30 de septiembre pasado, y la Justicia autorizó su apertura el 6 de noviembre.
Según el estado patrimonial presentado ante el juez, Ecocarnes reportó activos por $116.307,2 millones y pasivos por $79.489,8 millones al 18 de septiembre de 2026. En su denuncia inicial, identificó 358 acreedores, entre los que se encuentran entidades financieras, proveedores, organismos públicos y prestadores de servicios.
Esta situación también se refleja en los datos del Banco Central. Para septiembre de 2026, la compañía tenía deudas con 22 entidades financieras que suman un total de $47.118,2 millones. Algunos de sus principales acreedores son:
A esto se suma el deterioro de su cadena de pagos. Ecocarnes reporta 1.078 cheques rechazados por $27.501,7 millones, de los cuales solo cinco, por $30,1 millones, han sido abonados. Por lo tanto, permanecen sin regularizar 1.073 cheques por aproximadamente $27.471,5 millones, de acuerdo a la información bancaria obtenida.
En su presentación judicial, la compañía atribuyó sus dificultades a una expansión comercial que incrementó significativamente sus requerimientos de capital. Durante 2025, año en que también hubo un cambio en su composición accionaria, Ecocarnes implementó un modelo de negocios centrado en la compra de hacienda para su posterior faena y venta, en vez de enfocarse principalmente en la prestación de servicios frigoríficos a terceros.
La faena propia aumentó de unas 3.000 a 8.000 cabezas mensuales, y la facturación pasó de cerca de $3.500 millones a casi $14.000 millones mensuales hacia fines de 2025. Sin embargo, ese crecimiento de actividad requirió más recursos para financiar la compra de animales y mantener los plazos comerciales.
La compañía señaló que el agravamiento de su situación se debió al aumento del precio de la hacienda, a la reducción de los plazos de pago de los proveedores, al encarecimiento de los costos internos en dólares y a las limitaciones en las líneas de crédito bancarias. También mencionó cambios en las condiciones de financiamiento de entidades como Banco Santa Cruz, Supervielle y Comafi.
Admitió además fallas en su estructura financiera, como un capital de trabajo insuficiente, una creciente dependencia del crédito bancario y la dificultad para generar liquidez. A eso se sumó la caída del mercado interno, que disminuyó la demanda de servicios de faena a terceros, a pesar de que la empresa mantuvo prácticamente sin cambios su estructura laboral y salarial.
El primer episodio importante de incumplimiento ocurrió el 14 de julio de 2026, cuando la compañía no pudo cumplir por completo con la compensación bancaria de cheques. Aunque aseguró que pudo regularizar la situación, el 11 de septiembre volvió a tener problemas para cumplir con obligaciones de aproximadamente $300 millones. Ecocarnes indicó que esperaba recibir dos remesas de fondos que finalmente se demoraron, y ubicó en esa fecha el inicio de su cesación de pagos.
La crisis financiera también impactó en su única planta industrial, situada sobre la Ruta 202 en San Fernando. En octubre, los trabajadores comenzaron medidas de fuerza debido a conflictos por pagos y aportes patronales. La actividad de faena se paralizó a fines de ese mes, mientras la empresa intentaba avanzar en negociaciones laborales para ajustar sus costos a la nueva realidad económica.
Previo a la apertura del concurso, Ecocarnes había iniciado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. La primera audiencia se llevó a cabo el 25 de septiembre y las conversaciones continuaron en octubre. El 28 de ese mes se inició un periodo de negociación de diez días hábiles entre la compañía y la representación sindical.
En el escrito presentado, la empresa explicó que las negociaciones buscaban llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales y expresó su expectativa de una pronta reactivación de las actividades.
La historia de la planta se remonta a 1962, cuando se estableció la Compañía de Carniceros S.A. (Cocarsa), que abasteció inicialmente al mercado interno y luego inició actividades de exportación hacia Europa, Chile, Israel y Rusia. Tras pasar por un proceso concursal y una quiebra, Ecocarnes adquirió a comienzos de los años 2000 sus activos industriales y su marca.
La empresa mantuvo la actividad frigorífica y expandió progresivamente sus destinos comerciales. Desde aproximadamente 2015, combinó la prestación de servicios a terceros con exportaciones propias, inicialmente impulsadas por la demanda de China. Posteriormente, se realizaron inversiones para adaptar sus instalaciones a las exigencias sanitarias de mercados como Israel y Estados Unidos, además de continuar operaciones con la Unión Europea gracias a la Cuota Hilton.
Simultáneamente con la apertura del concurso, Ecocarnes pidió varias medidas cautelares para preservar los recursos esenciales para su funcionamiento. El 17 de noviembre, la Justicia respondió a algunas de esas solicitudes, incluyendo la protección de los servicios básicos de la planta y la cobertura médica de sus empleados.
Una de las peticiones más relevantes estuvo relacionada con cheques de terceros por $11.289,3 millones que la empresa tenía en garantía en diversas entidades financieras. Ecocarnes solicitó que los bancos no utilizaran esos fondos para cancelar deudas previas al concurso, sino que permitieran su uso para cubrir gastos operativos.
La empresa argumentó que necesitaba esos recursos para pagar salarios, adquirir hacienda y financiar la continuidad de su operación. Sin embargo, la Justicia consideró que la información proporcionada era insuficiente para evaluar la solicitud y pidió documentación adicional sobre las operaciones financieras y las garantías constituidas.
En relación a los cheques de pago diferido emitidos por Ecocarnes antes de presentar el concurso, la Justicia aceptó una medida para evitar el pago de ciertos valores con vencimiento posterior a la solicitud concursal, pero ordenó que la empresa identificara correctamente los instrumentos afectados antes de informar a los bancos.
La resolución también estableció que AySA, CAMMESA, Naturgy, Natural Energy y Telecom Argentina no pueden interrumpir los servicios a Ecocarnes por deudas anteriores a la apertura del concurso. Esta medida abarca los suministros necesarios para el funcionamiento de la planta, aunque la compañía deberá llevar adelante las obligaciones generadas tras el inicio del proceso.
Respecto a los contratos comerciales, Ecocarnes solicitó mantener las prestaciones de sus proveedores esenciales. La Justicia intervino y antes de tomar una decisión, se comunicó con la sindicatura.
La situación de los trabajadores fue también considerada en el expediente. Ecocarnes reconoció atrasos en aportes a obras sociales y pidió que esto no resultara en la suspensión de las prestaciones médicas del personal y sus familias. La Justicia accedió a esta protección cautelar.
Otro de los problemas mencionados por la empresa se relaciona con sus operaciones de comercio exterior. Ecocarnes reportó dificultades para liberar documentación de mercadería ya vendida y en tránsito por deudas con operadores logísticos. Según indicó, esto impedía que los compradores recibieran los productos.
En su presentación, identificó a Maola Lacar y ALP Comex como despachantes de aduana, y a las empresas Agrolog, Portland Logistics, Vision Logistics y Americana Shipping Group como agentes marítimos de sus exportaciones. La compañía solicitó la intervención judicial para obtener la documentación necesaria y completar las entregas.
Con la apertura del concurso preventivo, Ecocarnes busca reestructurar sus compromisos financieros y avanzar en la recuperación de la actividad. Por el momento, la planta de San Fernando se encuentra sin producción, mientras la empresa continúa las negociaciones laborales que involucran a sus 600 trabajadores.





