ARCA ha reglamentado un régimen especial que permite una reducción del 50% en las multas por infracciones a obligaciones formales, creado por el artículo 17 del Título III de la Ley 27.826. La fecha límite para cumplir con la obligación omitida que generó la sanción es el 18 de diciembre de 2026, inclusive, y también para presentar el trámite digital correspondiente si la multa está en discusión.
El primer paso para cada contribuyente es determinar si la sanción se incluye en este régimen. Noelia Girardi, contadora y gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin y Abelovich, comentó que "la primera cuestión que habría que analizar es si la multa puede acceder al beneficio de reducción del 50% previsto en la Ley 27.826". Además, hizo hincapié en que "no todas las multas son susceptibles de gozar de la reducción del 50%".
Girardi subrayó que, si se cumplen los requisitos, es conveniente evaluar esta alternativa antes de incluirla en un plan de facilidades, ya que son dos beneficios distintos: el plan permite financiar la deuda, pero no implica una rebaja del monto de la multa. Esto quiere decir que financiar una multa que podría reducirse a la mitad puede resultar en un gasto mayor o, incluso, perder el beneficio.
Una vez que se confirma que la multa califica para la reducción, decidir entre cancelarla de una sola vez o financiarla dependerá de la situación financiera de cada contribuyente. Para aquellos con solidez financiera, se considera que "cancelar la multa una vez aplicada la reducción puede ser conveniente para evitar costos financieros", según afirmó.
Sin embargo, para las empresas que priorizan su capital de trabajo, la especialista en impuestos apuntó que "si necesita preservar capital de trabajo, tendrá que evaluar las alternativas de financiación disponibles y comparar el costo de las cuotas con el beneficio de cancelar la obligación".
Un aspecto clave para los contribuyentes son las sanciones ya financiadas. El artículo 3° de la resolución determina que se consideran "canceladas", a efectos del régimen, las multas cuyo monto hubiera sido consolidado en la adhesión a un régimen de facilidades de pago. Dado que el beneficio solo aplica a multas no firmes o que, si están firmes, no han sido canceladas, esta equiparación excluye a las que ya forman parte de un plan.
"Un punto importante es qué sucede con las multas que ya habían sido incorporadas a un plan de pagos anterior. La RG 5927 establece que las multas cuyo importe hubiera sido consolidado en un régimen de facilidades de pago se consideran canceladas a los efectos de este beneficio", explicó Girardi.
Además, señaló que el alcance de la normativa entiende que "si la multa ya estaba incluida en un plan antes del 9 de octubre de 2026, no puede acceder posteriormente a la reducción del 50%, aunque el contribuyente esté aún pagando las cuotas y no haya terminado de cancelar el plan".
Por eso, la contadora recomendó que "revisar si la multa ya fue incorporada a un plan de facilidades, porque esa decisión puede hacer perder la posibilidad de acceder a la reducción".
La excepción a la regla de que el beneficio opera sin trámite son las sanciones que se están discutiendo. Girardi advirtió que "uno de los aspectos a los que prestaría especial atención al momento de realizar el trámite es no suponer que la reducción opera automáticamente en todos los casos". Explicó que "la reglamentación contempla una excepción para las multas que se encuentran en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial".
En estos casos, según la resolución, el contribuyente debe primero cumplir con la obligación formal omitida y, hasta el 18 de diciembre de 2026, hacer una presentación en el servicio web “Presentaciones Digitales”, eligiendo el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”. Luego, debe identificar la multa mediante el número de sumario, resolución o instrumento que la determinó, entre otros datos relevantes.
Girardi enfatizó que, "además de cumplir con la obligación formal que originó la sanción, hay que realizar una presentación digital específica, identificando correctamente la multa y el antecedente administrativo o judicial correspondiente".
El costo de realizar esa presentación es un factor considerable en la decisión. La resolución establece que esto implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción de la multa no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, asumiendo las costas y gastos causídicos correspondientes.
Girardi opina que no siempre conviene adherir al beneficio. "Hay que analizar cada situación en particular", aconsejó, y sostuvo que "si existen argumentos sólidos para cuestionar la procedencia de la sanción, como defectos en el procedimiento, inexistencia de la infracción, falta de configuración de los presupuestos legales o cuestiones vinculadas con la prescripción, puede ser razonable continuar con la defensa administrativa o judicial".
Por el contrario, comentó que "si las posibilidades de revertir la multa son bajas, los argumentos defensivos son débiles o el costo de continuar litigando resulta desproporcionado respecto del importe involucrado, la reducción del 50% puede ser una alternativa interesante para cerrar la controversia".
La especialista recalcó que la adhesión tiene consecuencias que trascienden el ahorro inmediato. "Adherir al beneficio respecto de una multa que está en discusión no es una decisión neutra: implica un allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho, con las consecuencias que ello tiene en materia de costas y gastos causídicos", afirmó.
Finalmente, indicó que "antes de tomar la decisión, no alcanza con mirar cuánto se ahorra con la reducción; también hay que evaluar las posibilidades de éxito de la defensa y el costo de seguir discutiendo".
La resolución, dictada por el director general de la Dirección General Impositiva a cargo del organismo, establece que el beneficio incluye las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número agregados a continuación en la Ley 11.683. Estas deben corresponder a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, fecha en la que entró en vigor la Ley 27.799, y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026, cuando comenzó a regir la Ley 27.826.
Además, a esa última fecha, las multas no deben estar firmes o, si lo estaban, no deben haberse cancelado.
El Decreto 1.253 del 22 de octubre de 2026 precisó que la calificación de los sujetos alcanzados se verifica al momento del incumplimiento del deber formal, y que la reducción opera de pleno derecho, siempre que el contribuyente cumpla con la obligación omitida dentro de los plazos y condiciones que fije la Agencia.
La reglamentación aclara que el beneficio funciona sin necesidad de que el contribuyente realice un trámite, excepto si la multa está en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial.
El descuento para pymes está condicionado a la documentación que posea la empresa. Según la resolución, se incluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME, obtenido según la Resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias, que además registren la caracterización correspondiente en el Sistema Registral.
Como la calificación se evalúa al momento de la infracción, lo relevante es la situación de la empresa al momento del incumplimiento y no la actual.
El régimen también comprende a personas humanas y sucesiones indivisas. En cuanto a las entidades sin fines de lucro, incluye a aquellas registradas ante ARCA bajo alguna de las formas jurídicas como: asociación, fundación, cooperativa, cooperativa efectora, consorcio de propietarios, mutual, cooperadora, otras entidades civiles, instituto de vida consagrada, asociación simple, iglesia y entidades religiosas, e Iglesia Católica.
Quedan excluidos, en todos los casos, quienes estén categorizados como Grandes Contribuyentes en la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes, conforme a la Resolución General 5.670.
La norma también aclara que el beneficio no otorga, en ningún caso, la devolución de los importes ya pagados antes de la entrada en vigor de la Ley 27.826. Cualquier persona que haya cancelado una multa antes del 9 de octubre no podrá reclamar el reintegro de la mitad.
Los contribuyentes con multas alcanzadas por el régimen deben asegurarse de cumplir con los requisitos de sujeto, fecha y estado de la sanción, regularizar la obligación formal que dio origen a la infracción antes del 18 de diciembre de 2026, y solo si la multa está en discusión, realizar la presentación digital dentro de ese plazo.
Para las pymes, el primer control es contar con el Certificado MiPyME y la caracterización registrada en el Sistema Registral, ya que sin estos requisitos, la empresa queda excluida del beneficio.





