En una prolongada sesión con un orden del día variado, el Senado aprobó de forma unánime un tema de gran relevancia para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regula la atención y prestaciones del sector. Esta iniciativa, que inicialmente surgió como respuesta a la emergencia, adquirirá desde ahora carácter permanente.
Con 71 votos a favor y 0 en contra, el proyecto, que ya había recibido un apoyo casi unánime en Diputados, con 237 avales, fue sancionado esta tarde.
Durante la jornada, tanto el oficialismo como la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar con la ley, aunque algunos sectores opositores señalaron que el debate está lejos de cerrarse y que la iniciativa aún se puede mejorar.
Varios legisladores mencionaron en sus intervenciones las palabras del papa León XIII durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más citadas durante el debate.
En este sentido, la senadora del PJ Ana Marks solicitó que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad instó a traducir este mensaje en acciones concretas. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, afirmó.
No obstante, hubo quienes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre el Papa y Milei en esta cuestión. Desde la bancada peronista, pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”, planteando dudas sobre el verdadero cumplimiento de la ley, recordando el veto previo del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y llevó a una posterior judicialización.
“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno escucha el discurso del Presidente hay un desprecio permanente hacia las personas con discapacidad”, manifestó el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.
Sin embargo, el consenso logrado en ambas cámaras representa un obstáculo para un posible veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo probablemente no podría reunir los apoyos necesarios para mantenerlo. Además, una decisión de este tipo podría llevar a una encrucijada a varios legisladores libertarios que lideraron las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.
Esto incluye a la diputada María Laura Rodríguez Machado, quien es una de las principales figuras legislativas de Martín Menem en Diputados, y que lideró las charlas para alcanzar un acuerdo.
Durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, que tienen buena relación con Karina Milei, facilitaron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para ultimar una serie de modificaciones que garantizaron el apoyo de casi toda la bancada peronista que originalmente impulsaba la prórroga de la emergencia.
Desde el Senado, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich fue clave en acelerar el tratamiento en el recinto, al difundir en redes sociales un mensaje confirmando que su bancada estaba “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, justo un día después de que el Papa finalizara su visita al país.
Sus declaraciones se produjeron en medio de una serie de desmarques legislativos y después de que el proyecto de discapacidad provocara uno de sus cruces más intensos con el Gobierno. Entre los numerosos vaivenes que sufrió la iniciativa, el más impactante ocurrió cuando el Ejecutivo presentó al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía modificaciones que derogaban aspectos fundamentales del proyecto que, al mismo tiempo, estaban negociando algunos diputados libertarios.
Esta contradicción generó la indignación de Bullrich, quien advirtió: “No me tomen por tonta”. Sus críticas estaban dirigidas a parte de la mesa política que, según ella, no la informaron sobre la publicación de un articulado que iba en contra de lo que se venía trabajando en el Congreso.
Entre los aspectos más destacados, la ley asegura la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que fue eliminado en el proyecto del Presupuesto 2027.
La propuesta establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Entre estos requisitos se encuentran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
Además, mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y fortalece el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario se devalúen frente a la inflación.
Otro eje central es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.
En lo que respecta a las pensiones por invalidez, la iniciativa asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Al inicio de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró un acuerdo porque durante la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, en la que se prevé tratar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción que busca prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.
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