La controversia por la medida que prohíbe a las empresas chinas participar en las licitaciones del Estado para la compra de tecnología, y que podría expandirse al sector privado, ha escalado en el Congreso de la Nación.
Específicamente en la Cámara de Diputados, un grupo de 12 legisladores presentó un pedido para que se convoque al jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El objetivo del reclamo es que el funcionario explique por qué el Gobierno eligió una certificación privada de Estados Unidos que limita a los fabricantes chinos en las adquisiciones de equipos para las redes críticas del Estado.
Así, el pedido refleja la misma inquietud que ha movilizado a las asociaciones y entidades que agrupan a las principales operadoras telefónicas del país y a las cooperativas, que alertan que si el requisito se extiende al mercado privado, podría generar un problema económico de gran envergadura.
La iniciativa parlamentaria fue presentada el 16 de noviembre por el diputado neuquino de Unión por la Patria, Pablo Todero, y quedó registrada como expediente 6246-D-2026.
El legislador propone que Santilli comparezca ante la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, junto a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle; el director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, Walter Fabián; y el interventor del ENACOM, Andrés Michelazzo.
Actualmente, el expediente se encuentra en comisiones y la comparecencia de Santilli depende de que avance el proyecto.
El pedido de citación tiene su origen en la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, publicada el 6 de noviembre pasado.
La norma establece una serie de cambios controversiales para los equipos que soportan las redes críticas de telecomunicaciones del Sector Público Nacional, incluidas las empresas estatales. El Gobierno justificó la medida por los riesgos que pueden surgir desde la fabricación hasta el cese del soporte de un equipo, como la inclusión de componentes falsificados, alteraciones de software y fallas de seguridad en actualizaciones.
El requisito más criticado por las empresas del sector TIC es el que se refiere a los equipos clasificados en niveles elevado o crítico.
En este sentido, el punto 3.1 del anexo de la norma exige demostrar que el fabricante cuenta con la certificación TIA SCS 9001 para poder participar en las licitaciones organizadas por el sector público.
Dicha norma fue desarrollada por la Telecommunications Industry Association (TIA), una entidad privada estadounidense, para evaluar cómo gestionan los fabricantes la seguridad de su cadena de suministro.
El anexo demanda que se certifiquen los procesos del fabricante y, para comprobar la seguridad de los equipos críticos, permite informes de laboratorio bajo diferentes estándares internacionales.
La selección de la TIA tiene repercusiones comerciales ya que excluye de la certificación a entidades sujetas a listas restrictivas de Estados Unidos, incluidas la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Entity List del Departamento de Comercio.
Dado que la primera norma incluye equipamiento y servicios de Huawei y ZTE, la posibilidad de que ambos fabricantes participen en determinadas compras públicas en Argentina queda prácticamente anulada y condicionada por las normas de una entidad estadounidense.
En este curso, los diputados que firman el pedido de citación a Santilli desean entender por qué el Gobierno eligió una certificación privada foránea y por qué descartó admitir equivalentes para los fabricantes, mientras que para las pruebas de producto se consideran distintas opciones.
Demandan que el funcionario identifique otros estándares que fueron evaluados, explique qué ventajas técnicas se le atribuyeron al SCS 9001 y detalle qué estudios técnicos, legales y de impacto fueron incorporados al expediente.
También se preguntan qué organismos nacionales participaron y si hubo consultas públicas o formales al IRAM, a las cámaras empresariales, a las cooperativas y a las asociaciones de usuarios.
Además, en relación al Centro Nacional de Ciberseguridad, reclaman que informe si registró incidentes en infraestructura crítica en Argentina atribuibles a la cadena de suministro de algún fabricante.
Referente a las restricciones de la TIA, los diputados inquieren si el organismo estaba al tanto cuando eligió el estándar, qué fabricantes con equipos instalados en el país se ven afectados y qué posibilidades tienen para solicitar una revisión.
La consulta también incluye un pedido de aclaración sobre el plazo de 36 meses en los que el proveedor puede presentar una declaración jurada y un plan de certificación, siempre que la TIA confirme que el fabricante se registró para iniciar el trámite.
En tal caso, se requiere que el Gobierno aclare si esa opción está disponible para las empresas que caen bajo las listas estadounidenses.
También buscan determinar si la disposición está relacionada con la cooperación entre Argentina y Estados Unidos y si se asumieron compromisos para adoptar estándares o reemplazar equipos.
Cabe recordar que en octubre pasado, Baravalle mantuvo una reunión con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir temas de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
Durante dicho encuentro, la titular de la Secretaría de Innovación indicó que proyectaban avanzar hacia un convenio de cooperación en ciberseguridad y criptografía.
Adicionalmente, el pedido político solicita un inventario del equipamiento afectado en ARSAT y en la Red Federal de Fibra Óptica, así como el costo estimado de adecuación o reemplazo.
Esto es consciente de que Huawei es uno de los principales proveedores y será una de las empresas más perjudicadas si la norma se mantiene y se extiende al ámbito privado.
Huawei lleva más de dos décadas en Argentina, según los fundamentos de la iniciativa, y su negocio de infraestructura incluye equipos para redes móviles, transmisión de datos y fibra óptica.
Los diputados reconocen a la compañía como proveedora de Telecom, Movistar, Claro y ARSAT, y estiman que cerca de dos tercios de la infraestructura troncal y de acceso de ARSAT utiliza tecnología china, principalmente de Huawei y ZTE.
La empresa estatal informa que la Red Federal de Fibra Óptica supera los 36.500 kilómetros desplegados y más de 31.500 kilómetros iluminados.
También conecta su red troncal con tendidos provinciales y con nodos que abastecen a pymes y cooperativas que llevan Internet a hogares y empresas.
La magnitud de esos datos sugiere que cualquier dificultad para obtener repuestos o aumentar la capacidad en la red mayorista puede repercutir en esos proveedores locales, especialmente considerando que la norma aplica los requisitos a las compras y contrataciones que se inicien 90 días después de su entrada en vigencia, el 7 de noviembre pasado.
Para los equipos en funcionamiento, la norma prevé adecuaciones según el riesgo, la exposición, la vida útil y el soporte disponible, pero advierte que cualquier reemplazo requiere una decisión fundamentada y que los plazos deben tomar en cuenta el presupuesto del organismo responsable.
Por lo tanto, el reclamo de los diputados sobre la presentación de un inventario público es crucial, ya que permitiría determinar qué equipos quedan afectados y cuánto costaría intervenir en ellos.
Las inquietudes sobre la renovación de equipos y la compatibilidad con los ya instalados se extienden al mercado privado debido a una previsión de la norma.
Esto sucede porque el artículo 9 encomienda al ENACOM evaluar si incorpora los requisitos a la homologación de la infraestructura y a las obligaciones de los licenciados privados en el marco del procedimiento con el cual el ente regulador verifica que un equipo cumple con las condiciones requeridas para su comercialización o uso, según el régimen aplicable.
En este sentido, el pedido de los diputados es para que Michelazzo explique qué política se planea adoptar, si el organismo ha iniciado estudios, consultas o actuaciones administrativas y, en tal caso, qué alcance, condiciones y plazos se están analizando.
También interpelan si, antes de tomar una decisión de alcance nacional, el ENACOM evaluará el impacto sobre las cooperativas y los proveedores del interior y cuánto les costaría sustituir equipos.
En la esfera comercial, los legisladores pretenden conocer si la disposición ha sido o será notificada a la Organización Mundial del Comercio y qué análisis se llevó a cabo sobre su compatibilidad con las normas del Mercosur.
Casi simultáneamente a esta movida política, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) solicita al ENACOM que comience una consulta antes de establecer nuevas obligaciones.
La entidad argumenta que el SCS 9001 tiene un uso excepcional en América Latina y menciona a Costa Rica y Paraguay como ejemplos donde la exigencia ha generado dificultades operativas, atribuyendo a la aplicación del estándar demoras en la adopción del 5G.
La asociación también cuestiona la robustez del esquema, dado que, según sus integrantes, la incertidumbre sobre los plazos y las condiciones para certificarse puede bloquear pedidos de equipos y demorar el despliegue de nuevas tecnologías.
Por lo tanto, solicitaron que las obligaciones se sustenten en estándares internacionales de trayectoria comprobada y que se evalúe cómo influyen en la inversión en conectividad.
La relevancia de este reclamo se fundamenta en la importancia de esta organización gremial regional que reúne a empresas públicas y privadas del ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información (TIC) en América Latina.
Fundada en 1982 y con sede en Montevideo, Uruguay, cuenta con más de 40 años de recorrido promoviendo la conectividad y la transformación digital en el continente.
De acuerdo a un comunicado publicado en su sitio web, ASIET y sus socios opinan que la protección de las redes "es un pilar de la soberanía y la gobernanza digital".
Por lo tanto, proponen que las reglas se orienten a resultados y que los fabricantes demuestren, a través de buenas prácticas y estándares internacionales, cómo resguardan sus equipos frente a accesos e interferencias no autorizados.
La entidad también sostiene que las redes actuales son seguras, que funcionan con múltiples capas y que su protección requiere una responsabilidad compartida entre fabricantes, operadores y otros actores del sector.
"El origen de un componente por sí solo no define la seguridad de una red", asegura la entidad al solicitar controles proporcionados al riesgo de cada caso.
Asimismo, consideran que, para evaluar ese riesgo, es vital conocer qué equipos quedarán alcanzados.
Según ASIET, la falta de claridad sobre cómo se aplicarán esos criterios, sumado a la carencia de una consulta previa con el conjunto del sector, afecta la previsibilidad jurídica y complica la medición del impacto de la medida.
La asociación también alude al principio de neutralidad tecnológica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Su argumento sostiene que los estándares reconocidos permiten combinar equipos de diferentes fabricantes y aumentar la capacidad a medida que se incrementa la demanda.
A su juicio, reducir la oferta puede fragmentar el mercado, elevar barreras de entrada, encarecer la adquisición y el mantenimiento, limitar la innovación e incidir indirectamente en la contratación de servicios con operadores locales.
También relacionó la diversidad de proveedores y la previsibilidad de las reglas con la competencia y la posibilidad de invertir en equipos de mayor calidad y durabilidad.





