Luego de que la pericia efectuada por Gendarmería Nacional sobre 57 archivos de audio, en los que supuestamente se escuchaba a Diego Spagnuolo, no lograra confirmar que sea él quien hacía alusión a una estructura de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ni tampoco desvirtuar que la voz era suya, la defensa pidió la exclusión de dichas conversaciones, la nulidad de la causa iniciada por el fiscal federal, Franco Picardi, en agosto de 2025 y los procesamientos dictados hasta el momento.
Finalmente, solicitó que se dicte el sobreseimiento del ex funcionario del gobierno libertario.
En agosto del año pasado, se hicieron públicas varias conversaciones atribuidas a Diego Spagnuolo donde se hablaba de una estructura de corrupción en la agencia que tenía a su cargo. Los audios llevaron a las primeras acciones de investigación en el marco del caso, que terminó con la recopilación de pruebas y el análisis de documentación secuestrada, corroborando un circuito de coimas relacionado con la compra de medicamentos e insumos ortopédicos en ANDIS.
En esos audios, se escuchan supuestos diálogos de Spagnuolo que comprometían su posición: “Me están desfalcando la Agencia (...), tiene (Daniel Garbellini, dos de Spagnuolo en ANDIS) que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba”. “De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina...
Él no está metido, pero es toda la gente de él.
Van a pedirle guita a los prestadores”.
Desde el inicio del expediente, el fiscal Franco Picardi decidió no utilizar esos audios como prueba. Así, la causa se inició por una denuncia que contenía notas periodísticas, la entrevista de Alejandro Fantino a Diego Spagnuolo y referencias a las conversaciones que circulaban en los medios.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que luego de esa denuncia recibida, el Gobierno Nacional “separó a Spagnuolo y a su segundo -Daniel Garbellini- de ANDIS con el argumento de que la justicia investigue. Con toda esa información como noticia criminal (nunca como prueba) se realizaron las primeras medidas (allanamientos, pedidos de informes, etc.)”.
La defensa del ex funcionario libertario, liderada por Pablo Parera, sostiene que los audios fueron incorporados y usados como prueba; por lo tanto, con los resultados de la pericia técnica de Gendarmería Nacional, se plantean estos pedidos.
El abogado solicitó la “exclusión de los audios atribuídos a mi representado y la nulidad del auto de fecha 21 de agosto de 2025; así como también, los actos procesales derivados de esto. Por consiguiente, ante la falta de prueba que respalde la acusación contra mi asistido, requeriré que se dicte su sobreseimiento”.
¿Por qué solicita esto? Hace una semana, Gendarmería Nacional presentó un informe pericial de 148 páginas al juez Ariel Lijo, donde consta el análisis realizado sobre 57 archivos de audios. El objetivo del estudio técnico era “determinar la autenticidad e integridad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, establecer si fueron editados o generados mediante inteligencia artificial e identificar si la voz registrada corresponde al nombrado”.
La pericia oficial “no logró probar la autenticidad de las grabaciones ni identificar la voz de Spagnuolo”. Detectó elementos técnicos compatibles con “posibles ediciones o procesamientos posteriores, pero sin poder determinar claramente su naturaleza o alcance”.
Sin embargo, la pericia tampoco confirmó que los audios fueran falsos o generados mediante inteligencia artificial.
Al referirse a la identificación de la voz del ex titular de ANDIS, se determinó que de los archivos analizados, 14 fueron considerados aptos y 43 no aptos para una comparación forense de voces.
No obstante, los peritos oficiales no realizaron el cotejo, al considerar que los “registros presentaban características compatibles con una regrabación mediante transferencia acústica, supuesto para el cual el sistema informático disponible (Forensia v2.0) no se encontraba calibrado”. Por lo tanto, se descartó la obtención de muestras indubitadas de Spagnuolo.
Entre las conclusiones del análisis de Gendarmería Nacional, se destacó que “no se pudo establecer si la voz de las grabaciones corresponde a Diego Spagnuolo”. Asimismo, el informe oficial encontró elementos técnicos compatibles con posibles ediciones o procesamientos posteriores, pero “sin poder determinar concretamente su naturaleza o alcance”.
Tampoco se pudo demostrar que los audios bajo estudio “fueran falsos o generados mediante inteligencia artificial”.
A partir de estas conclusiones, la defensa de Diego Spagnuolo fundamentó su pedido de sobreseimiento en la “invalidez absoluta de los 58 archivos de audio peritados por Gendarmería Nacional Argentina (G.N.A.)”, destacando que tras más de un año de investigación “no existe en este expediente un solo elemento técnico que acredite que la voz de esos audios sea de mi asistido”.
Según se detalla en el escrito al que tuvo acceso Clarín, 43 archivos no resultaron aptos para el cotejo y los 14 restantes presentaron indicios de regrabación mediante transferencia acústica; “lo que obra en la causa no sería una grabación, sino la grabación de una grabación”, además de señalarse cortes, segmentos repetidos, eliminación de inicios e “indicios de alteración, y no hay forma de saber qué se alteró ni cómo, porque nadie conoce el original”.
Además, los peritos tampoco pudieron descartar “la manipulación por inteligencia artificial” ni verificar la correspondencia con los audios que circularon en los medios.
En segundo lugar, el defensor cuestionó la integridad del material y la ruptura de la cadena de custodia, argumentando que durante más de un año el pendrive estuvo en “un sobre clausurado con cinta adhesiva transparente, sin fajas ni sellos que garanticen su inviolabilidad” y que no se calculó un valor hash al momento de su entrega el 28 de agosto de 2025.
En relación a esto, la pericia técnica indicó que “no fue posible establecer fehacientemente cuándo, dónde ni en qué circunstancias se realizaron las grabaciones”. Tampoco se pudo verificar “plenamente su integridad desde la obtención original, destacándose que el embalaje recibido no ofrecía garantías suficientes de inviolabilidad”.
Además, se concluyó que “no se pudo comparar el material con las versiones divulgadas en medios de comunicación por no haberse aportado los archivos necesarios”.
Estos planteos llevaron a la defensa de Spagnuolo a señalar que “no existe, por lo tanto, parámetro alguno que permita verificar que lo peritado es lo mismo que se entregó”, y resaltó que el documento administrativo de recepción carece de valor porque “no sirve absolutamente de nada consignar una planilla si no se cumplió con las solemnidades”.
Finalmente, en tercer lugar, el abogado Parera solicitó la “nulidad absoluta de la resolución del 21 de agosto de 2025” que ordenó los primeros allanamientos y de todos los actos dictados en consecuencia, sustentando que dicha medida se apoyó exclusivamente en grabaciones de origen desconocido y sin verificación previa.
El análisis del abogado fue el siguiente: “si se suprimen los audios, ¿qué queda de la motivación del auto del 21 de agosto? La respuesta es nada”. En este sentido, explicó que la denuncia inicial se limitó a replicar publicaciones periodísticas que “no constituyen una fuente distinta de los audios sino su mero reflejo”, y afirmó que “sin los audios, el auto de allanamiento queda vacío de contenido porque no expresa ningún motivo que justifique la injerencia en el domicilio de mi asistido”.
En los tribunales de Comodoro Py se refutó esto. Fuentes judiciales indicaron que los audios “no fueron incorporados como prueba, generaron el grado de sospecha suficiente para impulsar las primeras medidas, con una situación que había tomado mucho estado público”.
Junto con esa primera distinción, fuentes cercanas a la investigación destacaron que la prioridad fue “asegurar la prueba antes de que se pueda eliminar”, con una premisa central: los audios no se habían incorporado como prueba.
La primera ruta de sobornos establecida por el fiscal Franco Picardi involucra cifras que superan los 30.000 millones de pesos. Hace más de un mes, recibió confirmación por parte de la Cámara Federal porteña, dejando a Spagnuolo y a todos los acusados, a un paso del juicio oral.
La segunda fase de la investigación, que resultó en 35 nuevas indagatorias, da cuenta de compras irregulares y con sobreprecios para su posterior retorno en concepto de coimas, de 75.000 millones de pesos, recibió un auto de procesamiento por parte del juez Ariel Lijo y recientemente, iniciaron las indagatorias en una tercera ruta de fondos ilícitos que involucran a la droguería Suizo Argentina, a sus dueños y directores, detectándose sobreprecios del 4.000% en algunos insumos.
El fiscal federal -Franco Picardi- siempre ha señalado que los audios no fueron incorporados a la causa como prueba, sino que funcionaron como el disparador para iniciar la investigación en la que se corroboraron los sobreprecios, el direccionamiento de contratos y el circuito de coimas, a través de otras medidas impulsadas.
Es decir: los audios inspeccionados no fueron incorporados como prueba en el marco del expediente, sino que constituyeron el grado de sospecha inicial para comenzar la pesquisa, siendo la documentación secuestrada, el contenido de los teléfonos celulares, las licitaciones públicas y los movimientos internos de ANDIS, lo que permitió corroborar la maniobra criminal.





