El nuevo decreto flexibiliza la normativa para la integración de empresas locales y el acceso al mercado de cambios, buscando dinamizar los proyectos RIGI.
El gobierno nacional realizó modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que impactan en los proveedores locales, en los plazos de inversión, en el proceso de fusiones y en el ingreso de divisas.
La medida, implementada a través del decreto 1366/2026, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, tiene como objetivo aportar mayor claridad en la implementación del régimen, agilizar la integración de proveedores locales y regular los procesos de reorganización empresarial.
Proveedores locales: ahora se consideran locales aquellas personas jurídicas que estén constituidas y domiciliadas en Argentina.
El decreto también regula los procedimientos ante cambios en la estructura de los Vehículos de Proyecto Único (VPU). La adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no alterará los derechos del régimen, aunque no podrá considerarse como inversión para cumplir con las metas mínimas. Se habilita la cesión de participaciones o el ingreso de nuevos miembros, que deberán notificar a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días corridos.
Además, se autoriza explícitamente la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y obligaciones a una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), manteniendo la fecha de adhesión original al RIGI. Esta operación deberá ser informada a la autoridad de aplicación, que tendrá 30 días para realizar observaciones.
En lo que respecta al acceso al mercado de cambios, se adecuan las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina. A partir de ahora, se permite contabilizar como divisas liquidadas no solo aquellas que ingresan directamente por el VPU, sino también las que provienen de aportes de no residentes o de endeudamientos externos liquidadas por accionistas o socios.
Para que estos fondos sean considerados, deben estar realmente destinados al Proyecto Único y contar con registros contables que aseguren su trazabilidad.







