Este jueves, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, con un total de 71 votos a favor y sin rechazos. Esta legislación otorga carácter permanente a las prestaciones, pensiones y actualización de aranceles que actualmente funcionan bajo un régimen de emergencia que finalizará el 31 de diciembre.
La norma, llamada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, se basa en gran parte en la Ley 27.793, que fue aprobada el año pasado y luego vetada por el presidente Javier Milei, aunque posteriormente fue ratificada por ambas cámaras del Congreso. Dado que la emergencia se acerca a su finalización, el oficialismo y la oposición se agruparon en un texto permanente para evitar la desprotección de estas coberturas.
En el debate, la líder del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, enfatizó el consenso logrado: “Hoy no estamos votando simplemente una ley: estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político. Estamos saliendo de una emergencia para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante dos años en una situación de disputa”.
El apoyo a la ley fue unánime, en contraposición a la decisión de Javier Milei, quien había vetado una propuesta similar hace un año.
A pesar del respaldo total en la votación, varios bloques de la oposición manifestaron que la efectividad de la norma estará condicionada a que se destinen los recursos adecuados en el Presupuesto 2027, que comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados la próxima semana.
La senadora radical de Mendoza, Mariana Juri, solicitó un seguimiento legislativo sobre los financiamientos: “Deberíamos estar atentos a que el presupuesto tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”.
Por su parte, desde el peronismo, Pablo Bensusán y Lucía Corpacci coincidieron en que, aunque la sanción evita que las personas con discapacidad queden desamparadas en enero, el gobierno deberá asegurar los recursos necesarios y acelerar el pago de las deudas con los prestadores.
El mileísta Luis Juez, quien tiene una hija con discapacidad, se abrazó con la peronista Juliana Di Tullio.
Con la transformación de este texto en ley, se elimina el régimen provisional y se establecen normas claras para beneficiarios y prestadores en todo el país:
Pensiones y compatibilidad laboral: la ley mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio para quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, permite conservar el beneficio aunque la persona esté empleada formalmente o inscripta en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Nomenclador único y actualización por inflación: se conserva el principio de nomenclador universal de prestaciones y se ratifica la actualización automática y periódica conforme al índice de movilidad jubilatoria, vinculado con el IPC.
Cobertura médica asegurada: se garantiza el acceso a servicios básicos de salud del programa federal Incluir Salud para todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad o invalidez laboral.
Deuda con prestadores y reglamentación: se incluye una cláusula transitoria que obliga al Poder Ejecutivo a presentar en un plazo de 30 días un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a transportistas y centros terapéuticos, estableciendo un plazo máximo de 90 días para realizar esos pagos.
Blindaje presupuestario y auditorías: se determina que las partidas del Ministerio de Salud asignadas al área no podrán disminuir en términos reales comparado con el año anterior (posibilidad de refuerzos del Tesoro). Al mismo tiempo, se crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS, que permitirá suspensiones preventivas en caso de irregularidades comprobadas, bajo un marco de “debido proceso inclusivo.”





