En el marco de una causa que investiga presuntos manejos irregulares de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA), Abel Furlán, ex secretario general del gremio, acudió a declarar a los Tribunales de Comodoro Py. Allí aseguró que "no hubo nada irregular ni delictivo" y pidió su sobreseimiento.
Furlán llegó a los tribunales acompañado por su defensor, Alejandro Rúa, y presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini, quien dirige el Juzgado Criminal y Correccional Federal n° 10. En este proceso, se acusa a Furlán de llevar a cabo una "maniobra de administración infiel" de los recursos del sindicato y la obra social.
A Furlán, la ex empleada del gremio, Soledad Calle, y otros dirigentes se les atribuye haber participado en este tipo de administración que habría perjudicado los intereses patrimoniales de la UOM y la OSUOMRA, generando un beneficio económico indebido para la empresa USEM SA.
En el documento entregado, Furlán expresó que "no hubo nada irregular ni delictivo", ni "perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude". Además, explicó que el sindicato había formalizado otros contratos de fideicomiso con el Banco Nación y de administración con la empresa Donington SA, los cuales fueron firmados de manera orgánica por 20 años.
En 2022, al finalizar esos acuerdos, el consejo directivo de la UOM decidió "replantear la conveniencia o no de la renovación" de los mismos, y así el entonces secretario general optó por firmar el contrato con USEM, que fue aprobado por unanimidad.
Furlán aclaró que "la contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes" y la consideró "necesaria", dado que el acuerdo con el Banco Nación exigía designar una personería jurídica. A su vez, desestimó la idea de tener poderes para administrar los fondos, rechazando cualquier indicio de "conflicto de intereses".
Respecto a la creación de USEM, que se fundó solo 82 días antes de la firma del contrato, argumentó que "una sociedad organizada para atender una necesidad específica no prueba simulación" y que "lo relevante desde lo jurídico es si tuvo existencia real, capacidad y actividad efectiva".
Seguidamente, indicó que esto fue en realidad un auténtico acto de administración del secretariado nacional, respaldado por el consejo directivo y aprobado por el Congreso Nacional de Delegados, cumpliendo con las normativas legales, estatutarias y asamblearias vigentes.
La defensa de Furlán solicitó a Ercolini que levantara la medida cautelar que inhabilitó sus bienes y bloqueó sus cajas de seguridad, pidiendo su sobreseimiento. Reiteraron que "la contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes" y subrayaron que la contratación de la empresa era "necesaria" dado que el acuerdo con el Banco Nación especificaba esta designación.
Por otra parte, la UOM se encuentra intervenida desde mayo, por disposición de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal invalidó las elecciones realizadas en marzo en la Seccional Zárate-Campana y el Congreso Nacional de la UOM, donde Furlán había vuelto a ser elegido como secretario general.
Esta decisión judicial se tomó tras una impugnación y denuncia de una lista opositora (la Lista Naranja de Campana, encabezada por Ángel de Roso), que alegó que el proceso electoral no contaba con las suficientes garantías de transparencia, por lo que se decidió la intervención durante 180 días, removiendo a Furlán y a toda la conducción del gremio, designando al abogado Alberto Biglieri como interventor.
Desde la intervención, se han iniciado investigaciones enfocadas principalmente en Furlán y Calle, quien era responsable del área de relaciones internacionales y también era directora y socia de USEM SA, una entidad contratada por el sindicato para la administración de los aportes de los afiliados.
USEM, una sociedad anónima registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7 de diciembre de 2022, firmó en febrero de 2023 un acuerdo por diez años con la UOM y su obra social para gestionar servicios financieros y la distribución de fondos entre las seccionales del gremio.
Calle, también dirigente política y exconcejala de Campana, es asociada a La Cámpora, y se ha visto implicada tras hacerse público que en agosto del año pasado escrituró un departamento en San José 1111, donde reside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por un monto de u$s189.000, según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Para el mismo período, adquirió un auto por u$s70.000.
El juzgado indica que, durante la ejecución del contrato, USEM se limitó a seguir instrucciones y registrar operaciones, sin pruebas de que haya cumplido con las obligaciones sustantivas acordadas, especialmente en lo que respecta al análisis, auditoría y validación de los pagos. La empresa manejaba el 80% de los aportes de sus 200.000 afiliados, reteniendo el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores metalúrgicos.
De acuerdo a información que ha surgido, USEM recibió al menos $2.466 millones en concepto de honorarios.
Además de Furlán y Calle, deberán declarar Adalberto Bracon (presidente de USEM) y los dirigentes metalúrgicos Osvaldo Lobato, Naldo Brunelli y José Luis Ortiz. El juzgado también ha ordenado ampliar la investigación sobre los movimientos migratorios y viajes al exterior de los imputados durante el tiempo que duró el contrato, para investigar si se utilizaron fondos de las organizaciones para cubrir esos desplazamientos.





