El Senado aprobó la ley del proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que modifica las condiciones de acceso a pensiones no contributivas, establece nuevas reglas para compatibilizar esos beneficios con el empleo y define métodos de actualización y financiamiento para las prestaciones en este sector.
La norma tiene como objetivo reemplazar el actual esquema de emergencia por un régimen permanente, con nuevas exigencias para quienes reciben estos beneficios y controles regulares sobre el sistema.
La sanción final se produjo en el marco de la discusión por la caducidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, que vencerá el 31 de diciembre de 2026. Con esta nueva legislación, el Gobierno contará con un marco legal que permitirá sostener las pensiones y prestaciones, aunque con condiciones específicas para acceder a los beneficios y mantenerlos.
Uno de los aspectos más importantes es que se mantendrán las pensiones no contributivas por discapacidad, que seguirán siendo del 70% del haber mínimo jubilatorio. Este monto se actualizará de acuerdo con la movilidad previsional. Así, se garantiza una prestación económica para las personas que no tienen cobertura previsional y que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Sin embargo, la nueva ley impone requisitos específicos para acceder a una pensión. Los solicitantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad y validar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados. A las personas extranjeras se les exigirá tener una residencia legal mínima y continua de al menos cinco años antes de presentar su solicitud.
Otro de los requisitos será no tener ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Este cálculo se hará sobre los ingresos individuales, no sobre los del grupo familiar. Asimismo, los solicitantes no podrán recibir ninguna otra jubilación, retiro o pensión, ya sea contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la correspondiente asignación familiar.
La normativa también prevé una evaluación socioeconómica para determinar la elegibilidad al beneficio. Quienes sean propietarios de una vivienda tendrán que demostrar que esta es su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral seguirán reguladas por las disposiciones que rigen ese régimen de manera específica.
Uno de los cambios más significativos es la posibilidad de compaginar el cobro de una pensión con el trabajo registrado. Con la nueva ley, las personas con discapacidad podrán incorporarse al trabajo formal o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la pensión, siempre que sus ingresos individuales estén por debajo de dos salarios mínimos. Si sobrepasan este límite, la pensión será suspendida mientras dure esa circunstancia.
El texto también incluye un mecanismo para recuperar el beneficio. Al finalizar la relación laboral o si los ingresos vuelven a estar por debajo del límite establecido, el titular podrá solicitar la reactivación de la pensión. Este restablecimiento será efectivo desde la fecha en que se presente el pedido, sin que se contemple la recuperación automática de los pagos correspondientes al periodo de suspensión.
Además, la ley establece un sistema de auditorías periódicas con el fin de verificar que los beneficiarios continúan cumpliendo con los requisitos necesarios. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, podrá compartir información con organismos como ANSES, ARCA, la Secretaría de Trabajo, el Registro Nacional de las Personas y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Estos controles deberán seguir un procedimiento de notificación. Si se detecta un posible incumplimiento, el organismo deberá informar los motivos y dar un plazo para que la persona presente su defensa. Una vez que finalice ese período, se podrá disponer la suspensión preventiva de la prestación. El mecanismo establece controles sobre el padrón y también permite a los titulares defenderse.
En el ámbito de la salud, la norma asegura la cobertura médica para quienes reciben pensiones por discapacidad o invalidez laboral. El acceso se garantizará a través de Incluir Salud o el programa que lo reemplace, con las prestaciones básicas que establece la Ley 24.901. El Certificado Único de Discapacidad seguirá siendo una herramienta esencial para validar la condición y acceder a los beneficios pertinentes.
Otro aspecto relevante está relacionado con los prestadores. La ley mantiene el nomenclador único y establece que los aranceles de las prestaciones tendrán un ajuste automático y regular, en referencia al índice de movilidad jubilatoria. Esta decisión busca evitar que los precios de los servicios queden desactualizados en comparación con el incremento de los costos y sostener un esquema de pagos común para el sistema.
Asimismo, se implementó un mecanismo para regularizar las compensaciones atrasadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de pago dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la ley y completar los pagos en un plazo de 90 días, conforme a las condiciones planteadas en el proyecto.
Para financiar el nuevo régimen, el gasto se cubrirá inicialmente con partidas del Ministerio de Salud. Si esos recursos resultan insuficientes, se podrán hacer uso de compensaciones de la Jurisdicción 91, que corresponde a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. La norma también estipula una garantía presupuestaria para que los recursos asignados al área no sean inferiores, en términos reales, a los del año anterior.





