La Corte Suprema de Justicia de la Nación instruyó al Poder Ejecutivo Nacional para que haga pública la información sobre los resultados de todos los establecimientos educativos de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017.
"La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno", expresó el máximo tribunal al dar lugar a la acción de amparo de un ciudadano que solicitaba esos datos. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal).
Carlos Rosenkrantz votó en minoría para rechazar el pedido. En 2019, Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó una acción de amparo para acceder a la información pública contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, reclamando la entrega de “la totalidad de los Reportes de Resultado correspondientes a todos los Establecimientos Educativos o Instituciones de la Provincia de Salta que hayan participado de los Operativos Aprender y Enseñar 2016 y 2017".
También solicitó la documentación por considerarla información pública, pero la Secretaría de Evaluación Educativa le respondió que no podía entregarla debido a que se trataba de información confidencial y le ofreció resultados desagregados hasta el nivel municipal. El Estado Nacional se opuso a la demanda, insistiendo en el carácter confidencial de la información para proteger los derechos de estudiantes, docentes y directivos.
Argumentó que esos datos podrían permitir crear un ranking de escuelas y establecimientos, "no solo por los resultados de la evaluación, sino también por la condición de migrantes, indígenas, pobres y analfabetos" de los alumnos o sus familias, lo que llevaría a la estigmatización. También afirmó que la divulgación afectaría una investigación sobre estadísticas. En primera instancia, el amparo fue rechazado.
La Cámara Federal de Salta revirtió esa sentencia y ordenó al Ministerio a proporcionar los resultados, sin excepción, sin que eso implique revelar datos individuales de alumnos o docentes.
El Estado apeló y la Corte confirmó que debía entregar la información solicitada. En el voto mayoritario, la Corte afirmó que "no puede olvidarse que el fundamento central del acceso a la información en poder estatal consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan".
Los operativos "Aprender" y "Enseñar", profundizó la Corte, "no son una gracia o favor del gobierno hacia la comunidad", sino que "reflejan la implementación de un mandato expreso contenido en normas constitucionales y legales". "Hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la 'igualdad real de oportunidades' antes que a estigmatizar alumnos y docentes", sostuvo la sentencia.
Agregó que la desagregación por establecimiento "persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible" y permite verificar cómo el Estado ejecuta mandatos constitucionales en materia educativa.
Además, "acceder a sus resultados, entonces, permitiría cotejar que el Estado Nacional haya dado cumplimiento con su deber de garantizar, efectivamente, el derecho constitucional de los pueblos originarios a acceder a una educación bilingüe e intercultural" y que haya cumplido con el mandato de "asegurar las condiciones materiales y culturales para lograr aprendizajes comunes de buena calidad, sin importar el origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural de cada estudiante".
La Corte aclaró que el derecho de acceso a la información "no es un derecho absoluto" y que se debe evitar la difusión de datos que puedan comprometer la intimidad y el honor de las personas involucradas.
"Ello deja huérfano de todo sustento las argumentaciones desarrolladas por la parte demandada", concluyó.





