La Corte Suprema de Justicia declaró que los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 son inconstitucionales, por medio de los cuales el gobierno de Javier Milei había eliminado las facultades del Estado para regular los precios de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no demostró la existencia de las circunstancias excepcionales requeridas por la Constitución para legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Esta decisión se adoptó en el marco de un amparo presentado por una afiliada contra Swiss Medical SA, quien cuestionó los aumentos que aplicó la compañía tras la vigencia del DNU.
En su presentación, la afiliada, identificada como MB, informó que formaba parte del plan SM02 y que durante el periodo de diciembre de 2023 a febrero de 2024, la cuota había incrementado un 110%, pasando de $136.161,21 a $301.218,02. Alegó que si se hubiese mantenido el régimen de regulación anterior, el aumento correspondiente a enero de 2024 hubiera sido del 6,26%.
La mujer solicitó que se anularan los aumentos que Swiss Medical impuso a partir del decreto presidencial.
En primera instancia, el amparo fue desestimado. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y dispuso que los aumentos se limitaran al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tanto Swiss Medical como el Estado Nacional apelaron ante la Corte Suprema.
Ahora, Swiss Medical deberá ajustar los incrementos de las cuotas al IPC, tras el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 que habían sido impugnados por una afiliada.
Al analizar el planteo, los jueces de la Corte retomaron su doctrina sobre las limitaciones constitucionales para que el Poder Ejecutivo emita normas de carácter legislativo mediante DNU.
En este sentido, señalaron que la Constitución solo permite esa posibilidad bajo condiciones de “rigurosa excepcionalidad” y cuando existe una situación que impida seguir el procedimiento legislativo habitual o una urgencia que sea incompatible con los tiempos de sanción de una ley.
Con este criterio, la Corte concluyó que los artículos del DNU 70/2023 no cumplían con el control de constitucionalidad.
“De la lectura de los considerandos del decreto no se desprende una mínima justificación de las razones o circunstancias excepcionales que dieron lugar a las modificaciones en la ley 26.682”, indicaron los jueces.
El fallo puso en tela de juicio que el Gobierno fundamentara la desregulación en la supuesta crisis del sistema sanitario y en la necesidad de aumentar la competitividad a través de la liberación de precios.
Para la Corte, esas explicaciones fueron insuficientes: “Estas consideraciones genéricas no evidencian mínimamente la existencia de una situación tan urgente que deba ser tratada de inmediato fuera del procedimiento normal de una ley”.
Los magistrados también enfatizaron que no basta con invocar una emergencia de forma general, sino que es necesario especificar por qué cada medida adoptada es crucial para enfrentarse a ella.
En particular, señalaron que el decreto no proporcionó una explicación clara de la relación entre la emergencia económica y social alegada y la decisión de anular las facultades estatales para controlar los incrementos de las prepagas.
“Los considerandos del DNU 70/2023 no intentan siquiera mostrar que existe una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de eliminar las facultades de control de la autoridad competente”, afirmó la sentencia.
En otra parte del fallo, la Corte alertó que no se puede recurrir a un DNU simplemente porque sea más rápido o conveniente que el procedimiento parlamentario.
“Se deben desestimar criterios de meras conveniencias del Poder Ejecutivo que, por no estar relacionados con circunstancias extremas de necesidad, jamás justifican la decisión de imponer un derecho excepcional a la Nación en situaciones que no lo son”, indicaron y añadieron: “La Constitución Nacional no permite elegir entre la aprobación de una ley o la implementación más rápida de ciertos contenidos a través de un decreto”.
La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que eliminaban los controles estatales sobre las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
Los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 suprimieron dos herramientas esenciales de la ley 26.682: la facultad de la autoridad competente de revisar los precios de las cuotas y las modificaciones, y la obligación del Estado de fiscalizar y asegurar la razonabilidad de los precios de los planes de salud.
El régimen anterior establecía que los aumentos debían justificarse en cambios en la estructura de costos y en un cálculo actuarial razonable de riesgos, además de requerir autorización de la autoridad competente.
Con la reforma impulsada por el Gobierno, las empresas quedaron autorizadas a fijar libremente el precio de sus cuotas.
La Corte consideró que esa modificación no podía implementarse por decreto sin demonstrar las condiciones excepcionales que exige la Constitución. Por ello, confirmó la declaración de inconstitucionalidad de ambos artículos.
Asimismo, aclaró que la apertura del procedimiento legislativo de los DNU según la ley 26.122 no impide el control judicial de una norma que ya genera efectos concretos.
“Esto no puede implicar una exención del control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas”, sostuvo el tribunal, advirtiendo que tampoco se puede desnaturalizar “los controles necesarios que son imprescindibles para mantener la vigencia del Estado de Derecho”.
Finalmente, la Corte ratificó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, pero revocó otros aspectos de la resolución, incluyendo el mecanismo que había establecido para limitar los aumentos al IPC.
De este modo, determinó que la autoridad competente retome las funciones de control estipuladas en la ley de medicina prepaga y que el tribunal de primera instancia emita un nuevo fallo de acuerdo a los lineamientos determinados por el máximo tribunal.
La sentencia también dejó en claro que el fallo se limita a los artículos impugnados y que no expresa una opinión sobre la constitucionalidad de los demás aspectos del DNU 70/2023.





