La directiva de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pidió a la Justicia Federal que dicte una medida cautelar para detener la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyo inicio está previsto para el 1° de diciembre. Desde el sindicato argumentaron que la intención es proteger los derechos previsionales y de seguridad social de millones de trabajadores activos, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que aportan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En particular, exigió la suspensión del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/26 y del Decreto 1228/26, además de otras resoluciones del ARCA, señalando que estas regulaciones disminuyen las contribuciones patronales y desfinancian tanto al SIPA como a los regímenes de.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, indicó que "esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados" y subrayó que "con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos ante un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario. La Justicia debe actuar con urgencia en defensa de los intereses de uno de los sectores más perjudicados por el ajuste de Milei, que son los jubilados".
Afirmó que "a los jubilados ya les han quitado casi todo. Cobran la mínima, les quitaron los medicamentos del PAMI y ahora les sacan el dinero para pagar los despidos de las empresas" y explicó que "los despidos los deberían asumir los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei".
La presentación del sindicato demanda la anulación de dos artículos que obligan a financiar el FAL con recursos de la Seguridad Social y propone que las empresas busquen otra manera de reunir esos fondos, pero sin afectar el sistema previsional.
Según ATE, una parte del dinero que actualmente financia las jubilaciones "sería desviado a cuentas gestionadas por empresas a través de bancos y fondos de inversión", resaltando que "ese dinero es en realidad parte del salario de los trabajadores, y debería seguir destinado a la seguridad social".
Argumentaron además que, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la implementación del FAL tendría un costo para la Seguridad Social de $4.296 billones solamente en el primer año, lo que equivale a 744.300 jubilaciones mínimas anuales. Además, destacaron que esto ocurre en un contexto de pérdida de empleo e informalidad: en marzo de 2026, de 13.471.636 trabajadores ocupados, solo el 45,2% realizó aportes al sistema previsional.
ATE afirmó que las normas impugnadas contrarían el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la integralidad e irrenunciabilidad de la seguridad social, y que además infringen el convenio 102 de la OIT (Parte V, Vejez; Ley 27.284), que, según el gremio, tiene una jerarquía superior a las normativas cuestionadas y obliga al Estado a asegurar jubilaciones dignas con un financiamiento sostenible.





