El Senado de la Nación aprobó este jueves la nueva ley de discapacidad. El proyecto fue respaldado por unanimidad, recibiendo 71 votos a favor y ninguno en contra.
La nueva normativa mantiene la mayoría de las disposiciones que el Gobierno nacional aceptó durante el debate en la Cámara de Diputados, tras negociaciones con bloques opositores y sectores aliados.
Entre los aspectos más destacados se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización conforme a la inflación y la implementación de un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.
El texto ratificado establece que las pensiones no contributivas tendrán un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y posiciona al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como el principal medio para acceder al beneficio.
Un tema relevante que se mantuvo durante las negociaciones en Diputados es la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo formal. Así, las personas que posean el CUD podrán conservar la prestación si tienen un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La norma también garantiza el acceso a prestaciones de salud básicas, según la ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud. Esta cobertura se extiende tanto a quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral como a aquellos que perciben beneficios por discapacidad.
En términos de financiamiento, se han incorporado partidas específicas del Ministerio de Salud para sostener el sistema. A su vez, se establece que el Tesoro deberá hacer compensaciones si esos recursos resultan insuficientes. El articulado también señala que el Gobierno deberá garantizar que los ingresos de cada beneficiario mantengan su poder adquisitivo en comparación con el año anterior.
La nueva ley incorpora mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad será responsable de llevar a cabo auditorías periódicas, que incluirán el cruce de información con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS.
Si se detecta un incumplimiento objetivo, se podrá ordenar la suspensión preventiva de un beneficio. No obstante, el procedimiento deberá cumplir con un “debido proceso inclusivo”, que garantice la notificación correspondiente y la opción de rehabilitación provisoria.
Otro de los temas relevantes está relacionado con las deudas que pudieran existir con los prestadores al momento de la aprobación de la ley. En estos casos, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los próximos 30 días y finalizar el pago de las obligaciones en un plazo máximo de 90 días.
Sobre estas disposiciones, el senador peronista pampeano Pablo Bensusán destacó la necesidad de hacer un seguimiento de las futuras auditorías.





