El Senado aprobó este jueves de manera unánime la Ley de Discapacidad. En la Cámara de Diputados, la propuesta había sido aprobada con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Las claves de la nueva normativa son cuatro. La pensión no contributiva por discapacidad se mantiene en el 70% de la jubilación mínima y se conservará el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para recibirla.
Además, la pensión es compatible con un trabajo formal o con el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas que incluirán cruces de datos con ANSES, ARCA y ReNaPer, entre otros organismos. También, el Gobierno deberá abonar las deudas pendientes con los prestadores en un plazo de 90 días.
A diferencia de la declaración de emergencia vigente, que finaliza el 31 de diciembre, esta nueva ley no tiene fecha de caducidad.
El primer artículo establece que el propósito de la norma es “superar la situación de emergencia” y consolidar de manera permanente las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. La ley tiene carácter de orden público y se aplicará en todo el país. La declaración de emergencia había sido aprobada por el Congreso en 2025 tras desestimar el veto del presidente Javier Milei y finaliza el 31 de diciembre.
Esta nueva ley revoca tres artículos de la legislación anterior y confirma otras disposiciones, incluido el addendum que la emergencia incorporó a la Ley 24.901 de prestaciones básicas y a la ley de empleo protegido para personas con discapacidad.
La pensión no contributiva por discapacidad se establece en el 70% del haber mínimo jubilatorio, y su ajuste se realizará conforme a las normas previsionales vigentes. La Ley no otorga un incremento específico. Para acceder a la pensión, se requiere poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y verificar identidad, edad y nacionalidad a través del DNI. Los extranjeros deben acreditar cinco años de residencia legal continua en el país antes de solicitar el beneficio.
Los ingresos netos no pueden alcanzar o sobrepasar el monto de dos salarios mínimos, y se considerará únicamente el salario de la persona solicitante, no el de su grupo familiar.
Además, no es posible percibir otra jubilación, retiro o pensión, ni la asignación universal o familiar por hijos con discapacidad. También deberán superar una evaluación socioeconómica, cuyos criterios serán establecidos por la reglamentación en conjunto con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). En caso de ser propietario de un inmueble, debe probar que se trata de su única vivienda familiar. Las pensiones por invalidez laboral conservarán sus requisitos específicos.
Uno de los aspectos más destacados es que la pensión continúa siendo compatible con el trabajo. Las personas con CUD pueden desempeñarse en un empleo formal o inscribirse en el monotributo o en el régimen general sin perder la pensión, siempre que sus ingresos no rebasen el doble de los salarios mínimos. Si los ingresos superan ese umbral, la pensión se suspenderá automáticamente mientras perdure esa circunstancia.
En caso de que el empleo se interrumpa, por cualquier causa, o que los ingresos desciendan del límite, la persona puede solicitar la rehabilitación de inmediato y reanudar la percepción de la pensión desde la fecha de su solicitud.
Los beneficiarios de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tendrán acceso a un programa de atención médica que garantice las prestaciones básicas de la Ley 24.901. La legislación también obliga a quienes atienden a personas con discapacidad a capacitar a su personal en derechos, asegurando una atención que sea “no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible”.
Para los empleadores, se mantiene el beneficio establecido para aquellos que contratan de forma indeterminada a trabajadores con discapacidad.
La Ley establece un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que forma parte del Ministerio de Salud. Para confirmar el cumplimiento de los requisitos, la Secretaría cruzará datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y ReNaPer, eximiéndola del secreto fiscal a tal efecto. Ante el descubrimiento de una irregularidad, la Secretaría deberá notificar al beneficiario y otorgarle un plazo para que presente un descargo.
Una vez finalizado ese plazo, podrá suspender cautelarmente la pensión. Si el beneficiario considera que no ha incumplido, podrá solicitar la rehabilitación inmediata de forma provisoria hasta que se resuelva su situación.
Los gastos se financiarán a través de asignaciones del Ministerio de Salud dirigidas a pensiones, atención médica y prevención. Si los fondos no son suficientes, se cubrirá la diferencia con recursos del Tesoro. La Ley establece que las normativas presupuestarias deben asegurar un crédito adecuado y que la cantidad de dinero recibida por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales comparado al año anterior. La Jefatura de Gabinete podrá reasignar partidas para evitar la interrupción de las prestaciones.
El texto también incluye una disposición para abonar las compensaciones que la declaración de emergencia había prometido a los prestadores y que aún están pendientes. La Secretaría de Discapacidad deberá informar y publicar un cronograma de pagos en un plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley. La cancelación total de estas deudas debe realizarse en 90 días para quienes hayan completado el trámite. La norma aclara que la finalización de la emergencia no afecta este derecho.
Por último, el Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente información sobre sus gastos en estos programas, los costos de los aranceles de las prestaciones básicas y el número total de pensiones que se abonan, junto con el monto correspondiente. El Poder Ejecutivo debe designar la autoridad de aplicación y tiene un plazo de 30 días hábiles para reglamentar la ley. La norma comenzará a tener vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.





