El Senado aprobó esta tarde una nueva ley de discapacidad que pone fin a la emergencia en el área, que finaliza a fin de año. La propuesta, que recibió 71 votos a favor y ninguno en contra, mantiene la mayoría de los elementos del sistema actual que el Gobierno tuvo que aceptar a la oposición en Diputados, como la continuidad de la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, entre otros aspectos.
"La única manera de salir de la emergencia es establecer reglas claras, generando previsibilidad. Si una situación de este tipo se extiende, provoca incertidumbre tanto en los beneficiarios como en los prestadores", comentó Agustín Monteverde (Capital Federal), libertario y presidente de la comisión de Presupuesto, quien fue el miembro informante.
"No es un proyecto que representa a un solo sector", intentó justificar el porteño para encubrir lo que sucedió en la Cámara baja y que, de forma insólita, el Gobierno intentó modificar días atrás en el Senado, antes de que se dictaminara el texto.
"Era necesario debido al vencimiento, pero no implica que no haya asuntos por resolver", contestó Alicia Kirchner (Santa Cruz), opositora y presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, quien expresó su "preocupación" por la implementación de las resoluciones a través de la ANSeS. En esta línea, planteó que actualmente hay "427 centros en todo el país" y advirtió: "No creo que cuenten con la capacidad operativa. En la provincia de Buenos Aires se encuentra el 42,9% de ellos".
Desde Convicción Federal, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), un médico que siempre está atento a las partidas involucradas y a los costos fiscales -semanas atrás quedó muy expuesta la gestión local que tanto alardea del alto impacto que tiene Ingresos Brutos, uno de los peores impuestos provinciales-, mencionó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y un gasto estimado de $600.000 millones para el año en curso, mientras que Monteverde citó al mismo organismo y habló de 1,2 billones de pesos para 2027.
El texto acordado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
A pedido de los aliados en Diputados -donde el Gobierno cedió casi en su totalidad-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: permite que las personas con CUD mantengan la pensión si tienen trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se asegura que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalides laborales como por discapacidad tengan acceso a un sistema de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). Al mismo tiempo, para prevenir futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se especifican partidas presupuestarias concretas del Ministerio de Salud destinadas a financiar el sistema y se prevén compensaciones desde el Tesoro, en caso de que resulten insuficientes.
Además, se establece que el Gobierno tendrá que garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto al año anterior.
En otro aspecto de la norma aprobada se incorporan mecanismos de control más rigurosos. Por ejemplo, la Secretaría Nacional de Discapacidad llevará a cabo auditorías periódicas cruzando datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, siempre y cuando se respete un "debido proceso inclusivo" que contemple notificación y rehabilitación provisoria.
La radical Mariana Juri (Mendoza) dejó claro que los problemas por fondos mencionados por los kirchneristas no han sido "exclusivos de este gobierno desde sus inicios". "Se han ido deteriorando las partidas, si revisamos los presupuestos de años anteriores", sentenció la experimentada legisladora.
Al concluir su intervención, Juri enfatizó: "Deberíamos estar alerta para que el Presupuesto -2027, aún en Diputados- contemple estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con la sanción de la ley. No nos distraigamos". Posteriormente, su colega bonaerense Maximiliano Abad centró la atención en la "operatividad" para que los beneficiarios "no terminen en la justicia".
Un apartado relevante de la ley establece que, si quedan pendientes deudas con prestadores al momento de su aprobación, el Poder Ejecutivo deberá divulgar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y liquidar las deudas en un plazo de 90 días. Sobre estos puntos alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien también destacó la necesidad de supervisar las próximas auditorías.
Durante la discusión, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), manifestó: "La discapacidad no tiene inclinación política. Podemos permanecer en emergencia tras emergencia o construir un sistema funcional de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que brinden confianza".
"La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no puede depender de una emergencia que termina el 31 de diciembre. La esperanza no debe tener fecha de caducidad", afirmó el líder del PRO, Martín Goerling (Misiones).
Goerling apuntó que, en su provincia, casi un 6% de los habitantes recibieron, según datos oficiales, la pensión por invalidez. Más del doble que el promedio nacional. Y criticó al Frente Renovador -que no es el massista- que ha manejado el poder local durante décadas -defendido a raja tabla por los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut-: describió una estructura "clientelar" y citó el ejemplo de un municipio con cerca del 19% de certificados. Siete veces más que la media nacional. Un verdadero escándalo.
Desde el kirchnerismo, Juliana di Tullio (Buenos Aires) señaló que el mileísmo, desde que comenzó su gestión, citó a auditoría al 91% del total y solo suspendió 141. "Dejen de afirmar que las personas con discapacidad mienten", exclamó. Y agregó que se le "deben casi 80.000 millones de pesos a los prestadores". Y concluyó: "Es un estado ineficaz o cruel. O ambas cosas".
La última intervención fue de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires). "Sin duda detrás de esta ley hay familias que han vivido situaciones difíciles, pero también han habido casos de falsedad", afirmó.
Bullrich destacó el "acuerdo político y social", y mencionó: "Todos hablan del Papa -León XIV-, pero nadie puede desarticular la violencia en el discurso". La porteña subrayó la necesidad de condiciones "mucho más apropiadas que las aprobadas en emergencias y parches", y reconoció que "ambas partes tenían parte de la razón".
Tras varios meses de incertidumbre y demoras, la plenaria aprobó el pliego que promueve el ascenso del -controversial- General de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. Es el jefe de la Casa Militar y tiene la confianza de los hermanos Milei, y recientemente asumió el control de la Quinta de Olivos. Recibió 59 votos a favor, tres en contra -los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés- y la abstención de la salteña Flavia Royón.





