Luego de la aprobación unánime de la ley de fortalecimiento para la discapacidad, que incluye varias reformas que movilizaron a referentes y familiares del sector al Congreso, el Senado definió un amplio temario que se extenderá más allá de la medianoche del jueves.
Este es el primero de tres encuentros que tiene planificados la Cámara alta para este mes, que continuará con actividades el miércoles 25 (defensa de gestión de Diego Santilli) y el jueves 26 de noviembre (con el debate de la reforma electoral). La aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se realizó con 47 votos a favor y 22 en contra: solo el peronismo se opuso.
Otro de los temas pendientes es el de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que en agosto alcanzó su punto más crítico por el debate sobre la ley de Tierras y de Manejo del Fuego, que finalmente fueron excluidas de la redacción. Además, el régimen de Tierras podría ser confirmado en el proyecto, tras la aprobación en Diputados, ya que está sujeto a un proceso de judicialización. Solo el peronismo y la izquierda lo rechazaron en la Cámara baja.
Entre las modificaciones incluidas se establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva" en la metodología de expropiaciones y se limita la "ocupación temporánea anormal" a un máximo de 90 días. También se amplía la metodología de desalojos, garantizando 10 días para ofrecer una solución habitacional si el desalojo involucra a "menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".
También se votará la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que busca simplificar y unificar la etapa inicial de los trámites para proteger invenciones en otros países, como parte de un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en 1970.
Desde ese año, nuestro país no se adhirió, principalmente por las preocupaciones de los laboratorios nacionales, que cuestionan las posibles consecuencias de utilizar informes técnicos de oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.
La ley de fortalecimiento de discapacidad fue sancionada por unanimidad. Entre sus medidas, establece una solicitud internacional única para que sea posible presentar un pedido estandarizado ante la oficina argentina de patentes, ampliando el plazo de prioridad de 12 a 30 meses, y protege contra el “evergreening” para evitar que modificaciones menores en medicamentos existentes se usen para extender artificialmente los monopolios de las farmacéuticas.
En Diputados, donde se aprobó el proyecto con 147 votos a favor y 93 en contra, se excluyó el capítulo II para evitar la intervención de oficinas extranjeras y así favorecer la disponibilidad de medicamentos genéricos a menor costo.
El peronismo rechazó la iniciativa en soledad, y uno de sus oradores, Jorge Capitanich, afirmó: "Las patentes generan escasez artificial, que es la limitación deliberada de la oferta de un bien o servicio". Además, sostuvo que "Argentina tiene la posibilidad de articular tecnología, industria y recursos científicos". Capitanich añadió: "El cambio de reglas de juego constituye un atentado contra nuestra soberanía y produce un giro de 180°", y concluyó: "Esto es darle seguridad jurídica, calidad institucional.
[...] No es un tratado de libre comercio". En contraste, Francisco Paoltroni, el representante del oficialismo, expresó que esto augura "un acuerdo recíproco de inversión y comercio" para el sector.
La expectativa del sector naval se centra en la reforma del régimen de cabotaje y Marina Mercante, que ampliaría la participación de buques extranjeros para la navegación y el comercio de cabotaje.
Después de las protestas de los sindicatos del sector y de operadores navales, el oficialismo acordó incorporar modificaciones planteadas por Jorge Capitanich y José Neder. Estas modificaciones proponen un régimen impositivo especial para los buques argentinos, reservando hidrocarburos y cargas para estos, y estableciendo un esquema gradual para la incorporación de tripulación nacional en embarcaciones extranjeras.
Otra de las iniciativas que llega desde Diputados con apoyo unánime es la llamada "Ley Joaquín", que busca garantizar medidas obligatorias de seguridad en espacios deportivos y recreativos públicos y privados para prevenir accidentes. Este nombre homenajea a Joaquín Gatto, un niño de 12 años de Junín de los Andes que sufrió la caída de un arco de fútbol mal fijado.
Goerling y Juez apoyaron la agenda del oficialismo.
También se evaluará una iniciativa para establecer "protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia que involucren a niñas, niños y adolescentes" en ámbitos educativos, deportivos, religiosos y culturales. La agenda incluyó tratados internacionales y transferencias de patrimonio del Estado nacional a distintas provincias.
Además, la sesión fue el primer paso para la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), responsable de controlar la situación en centros de detención y la acción de las fuerzas de seguridad. Los miembros seleccionados por el ámbito legislativo son Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Fernando Zarabozo, Diego Armesto y Eduardo Toniolli. En tanto, el representante de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia es Leonardo Szuchet.
Existe una objeción específica hacia Fernando Zarabozo, que fue señalada por el CELS en un comunicado, donde cuestionan su "falta de antecedentes, idoneidad e independencia". La acusación más grave sostiene que "pondría en riesgo la independencia del organismo": "Su carrera se desarrolló en las instituciones que el Comité debe controlar".
Después de resumir su trayectoria desde 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se indicó que "su función actual consiste en defender a los funcionarios policiales frente a las denuncias e imputaciones en su contra, y en monitorear los sumarios vinculados al servicio. La función del Comité es la inversa".
Los mecanismos locales de prevención de la tortura de 14 distritos emitieron un comunicado contra la postulación de Zarabozo, señalando el incumplimiento del plazo legal de impugnaciones y la irregularidad del proceso de selección de representantes de la sociedad civil.





