Con gran preocupación, directivos del sector de medicina prepaga están evaluando los efectos del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70), que en diciembre de 2023 habían liberado el aumento de las cuotas de los planes de salud.
Mientras esperan qué decisión tomará el Gobierno, también expresaron, a través de un comunicado de la Unión Argentina de Salud (UAS), que consideran esencial un diálogo en búsqueda de consensos que los incluya como actores indispensables del sistema de salud. La UAS agrupa a diversas asociaciones de empresas vinculadas a servicios de salud.
Desde el Gobierno, no hubo respuesta a las consultas de LA NACION sobre los pasos a seguir después de la sentencia.
En el fallo correspondiente a la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical”, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz confirmaron el rechazo, previamente indicado por un tribunal inferior, a los artículos 267 y 269 del DNU 70. Argumentaron no haber hallado justificación para que el Poder Ejecutivo modificara con urgencia una ley, en lugar de remitir un proyecto al Congreso.
El DNU modificó la ley 26.682, eliminando las disposiciones que permitían la intervención estatal en la fijación de las cuotas de las prepagas.
Respecto al alcance de la sentencia, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que el efecto de la misma es únicamente para la persona que presentó la demanda en cuestión.
Esto significa que el fallo no obliga directamente al Gobierno a establecer un mecanismo de regulación de precios; sin embargo, sí lo invita a hacerlo, al establecer un antecedente que puede motivar a otros usuarios a hacer sus reclamos. Fuentes judiciales indicaron que en la propia Corte hay “cientos de casos similares”, que tendrán la misma resolución que el considerado en este caso.
La preocupación en el sector de las prepagas se basa, en parte, en los efectos económicos que podría acarrear, en un contexto donde, según los directivos, las cuotas están 18% por debajo de la inflación, al considerarse el período de enero de 2012 a octubre de este año. Esta brecha se ha ido reduciendo desde que entró en vigencia el DNU 70.
“Si se establece un límite artificial a los precios, la calidad y el acceso al servicio se verán perjudicados”, afirmaron directivos de una prepaga consultados por LA NACION.
Debido a las obligaciones prestacionales, añadieron, “la salud privada en Argentina es una cadena de valor que no puede sostenerse bajo esquemas de control de precios que no reconozcan el impacto de las nuevas tecnologías; la alternativa para moderar costos es que el Estado limite la demanda de servicios de salud, que es inherentemente infinita, a la necesidad real.” De lo contrario, señalaron, con la demanda constante de nuevas coberturas, “resulta imposible alcanzar un equilibrio financiero”, ya sea que el financiamiento provenga de una prepaga, una obra social sindical o del propio Estado.
Por otro lado, en el sector sostienen que también se compromete la “previsibilidad”. Desde mediados de 2024, tras el conflicto entre las prepagas y el Gobierno, las cuotas aumentan cada mes en porcentajes que rozan la inflación establecida por el Indec.
El comunicado de la UAS manifiesta el “respeto por las decisiones adoptadas por las instituciones de la República”. Al mismo tiempo, sostiene que “la planificación asistencial, las inversiones en infraestructura y tecnología, la incorporación de innovación y la capacitación de recursos humanos especializados requieren normas claras y sostenibles en el tiempo”.
El escrito recuerda que, en las últimas décadas, el sistema de salud ha enfrentado “crecientes obligaciones de cobertura, mayores exigencias regulatorias y una sostenida incorporación de prestaciones de alta complejidad, en un contexto de tensiones económicas y financieras que afectan a prestadores y financiadores”. De este modo, replica una advertencia recurrente en el sector, recordando que las regulaciones inherentes a los servicios a prestar generan costos sin que exista una mayor financiación.
“La UAS reafirma su disposición a colaborar institucionalmente y su compromiso con la construcción de un sistema de salud sostenible, predecible y centrado en las personas”, dice el comunicado.
A la espera de la resolución de la Corte, se anticipa que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el tribunal que emitió la sentencia previa, dicte un nuevo fallo que podría aclarar los alcances de lo dicho.
El artículo 17 de la ley 26.682, que regula las prepagas, establecía que la Superintendencia de Servicios de Salud fiscalizaría y garantizaría la razonabilidad de las cuotas, y autorizaría los aumentos de acuerdo a las variaciones de la estructura de costos y un cálculo actuarial razonable de riesgos. Esta disposición fue eliminada por el DNU 70.
Con la caída de la regulación que permitía la intervención estatal en los precios, las prepagas quedaron en libertad para establecer sus precios, si bien continuaron obligadas a notificar a los asociados con anticipación.
Durante el tiempo que estuvo vigente la regulación, y aunque la ley mencionaba que los aumentos debían basarse en estructuras de costos, “en la práctica, la autoridad de aplicación terminaba estableciendo porcentajes generales de aumento para todo el mercado, sin tener en cuenta adecuadamente las diferencias entre las distintas empresas y sus planes”, comentó a LA NACION Hugo Magonza, presidente de la UAS.
En promedio, el directivo estimó que hay un retraso del 18% en las cuotas en comparación con el Índice de Precios al Consumidor, tomando como punto de partida el año 2012. No obstante, agregó, el costo de la atención médica ha aumentado más que el promedio de precios.
“Una decisión judicial que reabre la discusión sobre las cuotas puede provocar una nueva ola de litigios, con potenciales consecuencias económicas multimillonarias”, analizó.
Aunque la ley de prepagas fue modificada por el DNU 70 y es de 2011, durante años no se estableció un mecanismo para reajustar las cuotas, que de todas formas no estaban liberadas. En 2022 se aprobó un Índice de Costos de Salud, el cual definió, por un año y medio, los incrementos máximos que podían aplicar las prepagas, así como los reajustes mínimos a trasladar a los prestadores.
Según el consultor en temas de salud Patricio Pasman, “los constantes cambios en las reglas de juego afectan a un sector que, lamentablemente, contrata mucho empleo privado registrado”. Señaló que “no está claro cuál es la consecuencia retrospectiva, ya que el fallo se aplica solo a un caso”, y consideró que “hacia el futuro, podría volverse a implementar el Índice de Costos de Salud”, que era utilizado antes del DNU.
La implementación del decreto en lo que respecta a las prepagas fue problemática. Cuando se aprobó la norma en diciembre de 2023, las entidades llevaban un tiempo largo advirtiendo sobre el retraso de las cuotas en relación con el incremento de costos. El efecto inmediato de la liberación resultó en un aumento de aproximadamente 150% en promedio, solo en cuatro meses de 2024. Esto generó un masivo surgimiento de juicios.
El aumento más significativo fue el de enero, aunque la respuesta del Gobierno para intentar controlar la situación llegó recién en abril, tras las graves repercusiones negativas.
Con la acusación de una supuesta cartelización para definir los incrementos, y a raíz de un pedido de investigación realizado por representantes de la Coalición Cívica, el tema derivó en un conflicto entre el Gobierno responsable de la desregulación y las prepagas, que se resolvió con un acuerdo judicial, que incluyó la suspensión temporal de la parte del decreto referida a esta cuestión.
El exlegislador porteño Hernán Reyes, uno de los promotores de las denuncias contra los elevados aumentos, celebró el fallo de la Corte: “Durante casi tres años, la gente fue víctima de las empresas, con la complicidad de la superintendencia. Hemos denunciado abusos desde el primer día”, afirmó.
Tras ese acuerdo, desde julio de 2024 rige sin modificaciones la regla del DNU -la libertad de precios- que ahora es cuestionada por la manera en que se dispuso.





