La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió dejar sin efecto dos artículos del DNU 70/23 y reestableció la intervención estatal en los aumentos de las cuotas de medicina prepaga, abriendo un nuevo conflicto con las empresas del sector.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), que representa no solo a las prepagas sino a todas las empresas del sistema privado de salud, manifestó en conversación con Infobae que esta decisión genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” y advirtió sobre las implicaciones que podría tener en la continuidad y el alcance de las coberturas.
“Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, afirmó.
Otro especialista del sector mencionó en off the record dos aspectos sobre la nota compartida por este medio. En primer lugar, destacaron que el fallo pone en duda la posibilidad de usar un DNU para resolver estos asuntos y, más importante, que consideran que los aumentos no deberían depender del IPC, sino de la estructura de costos de las empresas.
Como informó Infobae, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de desregulación, que eliminaban la supervisión estatal sobre los precios de los planes. A partir de esta sentencia, la Superintendencia de Servicios de Salud tendrá que volver a revisar, supervisar y autorizar las modificaciones de las cuotas. Dicha decisión surgió de un caso iniciado por una afiliada cuyo plan sufrió un aumento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
Gracias al fallo de la Corte, las prepagas no podrán aumentar sus cuotas sin la autorización del Gobierno.
Magonza aclaró que el caso tiene un alcance individual, aunque cuestionó las implicaciones normativas de la sentencia. “Es un fallo claramente por un caso, pero está declarando inconstitucional el DNU 70/23, lo cual es un problema gravísimo”, señaló.
Para el titular de la UAS, el decreto había desactivado los mecanismos internos de la Superintendencia relacionados con la regulación de precios. “El Ejecutivo, a partir del Decreto 70, desactiva todas las instancias dentro de la Superintendencia para la regulación de precios. Ya no tiene el control”, indicó. No obstante, añadió que a su juicio, el esquema anterior tampoco se aplicó conforme lo establecía la ley.
Magonza remarcó el artículo 17 de la ley 26.682, que regula las empresas de medicina prepaga. Según explicó, cada entidad debía presentar su estructura de costos y solicitar aumentos que incluyeran los gastos directos e indirectos de cada plan. “Esa situación no se dio nunca”, afirmó, y destacó que durante los años de vigencia de los controles predominó un precio uniforme para todo el mercado, con pocas excepciones.
El representante del sector empresarial indicó que esa modalidad produjo un desfase en las tarifas de las cuotas. “Vivimos doce años de regulación de precios, pero un precio que era único para todos”, afirmó. En su opinión, esa dinámica generó “un retraso arancelario muy grande en promedio”, afectando más a carteras de afiliados de mayor antigüedad y con una carga de enfermedad más alta.
En este sentido, ligó el debate actual con los problemas acumulados del sistema de salud. “Esto que estamos viendo es un dislate más de un Estado”, opinó, refiriéndose a la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Dejan que el sistema de salud vaya a la deriva durante más de treinta años”, agregó.
Magonza señaló que el funcionamiento de las prepagas quedó condicionado por normativas, decisiones administrativas y fallos judiciales. También cuestionó que, de acuerdo a su diagnóstico, los tribunales intervengan sobre las prestaciones que las empresas deben ofrecer. “El sistema literalmente ya está quebrando”, aseguró, y calificó la decisión judicial como parte de medidas que, según él, son “claramente populistas”.
La sentencia de la Corte no estableció un límite automático atado al Índice de Precios al Consumidor. El tribunal revocó la parte de la decisión de la Cámara Federal de La Plata que indicaba ese parámetro y devolvió a la autoridad de aplicación la potestad de evaluar los aumentos según la estructura de costos y cálculos actuariales razonables.
Para Magonza, la reactivación del control estatal podría intensificar las controversias en los tribunales. “Le abre una brecha enorme para la judicialización”, expresó. En su enumeración incluyó devoluciones de dinero, indemnizaciones y acciones colectivas que, según mencionó, podrían convertirse en reclamos de montos significativos.
“La judicialización se lleva una gran cantidad de los recursos del sistema”, sostuvo. El dirigente consideró que esos recursos podrían afectar la capacidad operativa de las compañías y llevar a restricciones en las coberturas. “La gente se va a quedar sin cobertura”, advirtió, aunque aclaro que se refería, al menos, a la posibilidad de que los afiliados no mantengan el nivel de prestaciones que tuvieron hasta ahora.
El presidente de la UAS también ofreció un cálculo sobre la pérdida de ingresos que, según su descripción, acumuló el sector desde la implementación de la ley. “En solamente catorce años y diez meses, que son los que han pasado hasta octubre de este año, el sistema perdió 18 % de cuota en promedio, pero perdió 24 cuotas, o sea, dos años de recaudación”, manifestó. “Y todavía seguimos dando servicio. Es un milagro, literalmente es un milagro”.
Magonza comparó la situación de la medicina privada local con la de sistemas de salud en otros países. A su juicio, los planes argentinos proporcionan una calidad y amplitud de cobertura poco frecuentes en la región. “Una cobertura que es única, estupendamente única, lamentablemente imposible de financiar”, expresó.
El empresario citó los ejemplos de Inglaterra, Canadá, España e Italia para señalar que, según él, los sistemas con cobertura universal enfrentan demoras en consultas especializadas o intervenciones programadas. “No saben lo que están haciendo”, manifestó al referirse a quienes apoyan las restricciones sobre las cuotas.
Magonza anticipó que la UAS se encuentra elaborando un documento con argumentos jurídicos sobre el fallo, que espera presentar en los próximos días.
El presidente de la UAS también se opuso a la idea de que la Superintendencia de Servicios de Salud asuma la responsabilidad de revisar precios y tomar decisiones sobre coberturas a partir del fallo. Para Magonza, ese planteo ignora la condición actual del organismo. “La Superintendencia no puede hoy revisar los precios y no puede hoy tomar decisiones sobre las coberturas en el aumento de los valores”, enfatizó.
Según explicó, el decreto presidencial desactivó esas facultades y el organismo no podría actuar en contra de lo que el mismo decreto estipula. “La nota como está armada le está atribuyendo una responsabilidad que no va a poder cumplir y no creo que quiera cumplir, porque iría en contra del propio espíritu de lo que quiere el gobierno”, concluyó.





