La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió este jueves su fallo en el amparo que presentó una afiliada de una reconocida prepaga por el aumento de su cuota.
El expediente cobró relevancia porque lo resuelto tiene repercusiones para muchos otros reclamos en todo el país.
El tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que eliminaba el control estatal sobre los precios de las cuotas de la medicina prepaga. Según se informó, esta es la primera vez que el máximo tribunal declara inconstitucional una parte de dicho decreto.
La decisión cuenta con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El caso llegó a la Corte a través de los recursos presentados tanto por la prepaga demandada como por el Estado Nacional, en contra de una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había fallado a favor de la afiliada.
El impacto del fallo va más allá de esta causa. Se estima que la Corte tiene pendientes de resolución cerca de 500 expedientes similares, sobre los que este criterio podría influir directamente.
Además, podría afectar los reclamos que otros afiliados han iniciado en distintos tribunales del país, así como a quienes ya pagaron los aumentos y potencialmente podrían solicitar la devolución de esos montos.
El reclamo surgió de una afiliada que, entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, vio cómo su cuota aumentaba de $ 136.161,21 a $ 301.218,02, lo que representa un incremento del 110%.
En su presentación, la mujer afirmó que, si se hubiera aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste de enero de 2024 habría sido del 6,26%. Con ese argumento, solicitó que se anularan los aumentos posteriores al decreto y que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269.
En primera instancia, su planteo fue rechazado. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de ambos artículos y ordenó a la prepaga que limitara los aumentos al IPC. De ahí surgieron los recursos extraordinarios que llegaron a la Corte.
Los dos artículos cuestionados anularon una disposición de la ley 26.682 (la de las prepagas) y modificaron otra. Esas normas habían sometido los precios de las cuotas a la supervisión del Estado.
Con la declaración de inconstitucionalidad, la Superintendencia de Servicios de Salud, que trabaja junto con el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, deberá volver a revisar las modificaciones de las cuotas y garantizar que sean razonables. Además, recupera la facultad de autorizar los aumentos, que deberán estar justificados por cambios en la estructura de costos y un cálculo actuarial razonable de los riesgos.
Sin embargo, hay un aspecto clave que el fallo no abordó. La Corte ratificó parcialmente la sentencia de la Cámara y revocó la parte que ordenaba limitar los aumentos al IPC.
Esto significa que el tribunal no estableció un tope automático vinculado a la inflación. Más bien, devolvió al Estado sus competencias de control, lo que implica que cada incremento estará sujeto a los criterios establecidos en la ley que vuelve a estar en vigor. La Procuradora Fiscal ya había sugerido dejar sin efecto ese remedio.
Para llegar a esta conclusión, los jueces recordaron su doctrina sobre los DNU, la cual reafirmaron en la causa “Cencosud”, resuelta el 13 de agosto de 2026. El Ejecutivo solo puede ejercer facultades legislativas en condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no puede reunirse por situaciones de fuerza mayor o cuando la urgencia es tal que no permite los tiempos de una ley.
A partir de este criterio, la Corte revisó los fundamentos del decreto y concluyó que no ofrecían una justificación mínima. Para el tribunal, hablar de una “crisis del sistema de salud” y de la necesidad de “aumentar la competitividad del sistema” liberando los precios de las prepagas es un argumento demasiado general. Tampoco halló una conexión concreta entre la emergencia económica y social que invocó el Gobierno y la decisión de despojar al Estado del control de las cuotas.
Los jueces añadieron que, dado que las facultades eliminadas eran de control y estaban en manos de organismos del propio Poder Ejecutivo, se requería un esfuerzo de justificación aún mayor. Y destacaron que la mera conveniencia del Gobierno no es suficiente, ya que la Constitución no permite optar entre pasar por el Congreso o imponer contenidos de manera más rápida mediante un decreto.







