El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, con el objetivo de cambiar el esquema de emergencia por un régimen permanente y establecer nuevas garantías para las personas con discapacidad y las instituciones que ofrecen servicios a este sector.
La ley recibió 71 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Entre sus principales objetivos se incluyen garantizar la continuidad de las prestaciones, crear mecanismos de financiamiento, mejorar la coordinación entre Nación y provincias y aumentar los controles sobre las pensiones.
Uno de los aspectos clave de la normativa es la actualización del régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto incluye específicamente a las personas que no pueden trabajar como beneficiarias y establece criterios claros para acceder a estas prestaciones, que incluyen requisitos de residencia, nivel de ingresos y evaluaciones socioeconómicas.
Además, la ley estipula que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con un sistema de actualización automática vinculado a la normativa previsional.
Otro de los cambios significativos es que se permitirá la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el trabajo formal, siempre y cuando los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Así, quienes perciben una pensión podrán integrarse al mercado laboral sin perder automáticamente ese ingreso.
La legislación también establece un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones, asegurando la notificación fehaciente, el tiempo necesario para presentar obsequios y permitiendo una suspensión preventiva solo después de que haya pasado ese plazo.
En términos de presupuesto, la norma determina que las futuras leyes de presupuesto deben incluir los recursos necesarios para mantener las prestaciones del sistema, y que el ingreso por beneficiario no podrá disminuir en términos reales respecto al año anterior.
Asimismo, da al Poder Ejecutivo la facultad para realizar ajustes presupuestarios cuando los recursos asignados sean insuficientes para asegurar la continuidad del servicio.
En el ámbito de la salud, la ley garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que abarque todas las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, lo que incluye la continuidad de tratamientos y servicios especializados.
La legislación también prevé un espacio de coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), con la participación de las provincias en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Otro aspecto mencionado es la capacitación obligatoria para el personal de las instituciones y los prestadores que forman parte del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Un reclamo recurrente de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad es el de las deudas acumuladas por el Estado. En respuesta, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para saldar las compensaciones pendientes. Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde indicó que las obligaciones acumuladas con los prestadores suman aproximadamente 278.300 millones de pesos.
También detalló que los aranceles para los prestadores se ajustarán mediante un índice de movilidad y un estudio de costos. El Estado deberá notificar el cronograma de pagos en un plazo de 30 días y cancelar la deuda en un máximo de 90 días corridos.
Monteverde subrayó que la iniciativa busca sustituir la etapa de emergencia por reglas estables y previsibles. “Este proyecto no implica absolutamente ningún recorte, sino que es fruto de un gran consenso”, aseguró durante su intervención.
Si bien la propuesta fue aprobada por unanimidad, también generó críticas de algunos sectores de la oposición, que expresaron inquietudes sobre el financiamiento del sistema y la situación presupuestaria de las prestaciones.
La senadora Alicia Kirchner afirmó que las personas con discapacidad deben ser tratadas como titulares de derechos y no solo como beneficiarias de políticas públicas. Además, advirtió que aprobar una ley no garantiza automáticamente la restitución de derechos vulnerados.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de discapacidad y enfatizó la necesidad de recursos destinados al programa Incluir Salud. “¿Cómo van a hacer para pagar la prestación que adeudan y pagar la prestación real si no modifican eso en el Presupuesto?”, se preguntó, al señalar un recorte real del 13% en ese programa.
El senador chaqueño Jorge Capitanich también planteó dudas sobre la implementación y mencionó que el principal desafío del sector radica en el endeudamiento acumulado en las prestaciones sociales.
Mientras tanto, Eduardo “Wado” de Pedro consideró que la aprobación es un avance, aunque enfatizó que aún se necesita debatir sobre una política integral para las personas con discapacidad y sus familias.
Desde el interbloque Popular, Juliana Di Tullio describió la nueva legislación como “el resultado de la lucha popular de las personas con discapacidad y sus familias”.
De este modo, el Congreso sancionó un nuevo marco normativo para el sistema de discapacidad, con compromisos en financiamiento, pensiones, cobertura de salud y pago de deudas. La implementación y el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias serán fundamentales para evaluar el impacto real de las medidas.





