La Corte Suprema de Justicia resolvió que el Estado tiene la obligación de regular los incrementos en las cuotas de las prepagas. Esta decisión se basa en la inconstitucionalidad de dos artículos del decreto 70/2023 emitido por el gobierno de Javier Milei, que eliminaba este control mensualmente y ordenó que el Gobierno retome dicha función.
El máximo tribunal señaló que “no es suficiente con ‘invocar una emergencia genérica’, como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU, sino que es necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’”.
A raíz de los artículos cuestionados del DNU 70, los aumentos de las cuotas se dispararon en enero de 2024, lo que llevó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a presentar denuncias contra las prepagas. Este conflicto se vio resuelto mediante un acuerdo judicial, en el cual las empresas se comprometían a devolver en cuotas a los afiliados los aumentos implementados.
Posteriormente, la mayoría de las prepagas con más afiliados en el mercado informalmente acordaron con el Gobierno que los ajustes mensuales estarían ligados al último índice de inflación conocido. Esta situación se ha mantenido, salvo algunas excepciones, hasta la actualidad.
La Corte Suprema ahora cuestiona cómo el Gobierno se apartó de su función reguladora: “Los considerandos del decreto 70/23 no intentan siquiera demostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social alegada por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suspender las facultades de control de la autoridad de aplicación; no se desprende de sus términos ninguna explicación sobre por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para enfrentar la supuesta ‘crisis económica y social del país’”, afirmaron de manera unánime los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Esta decisión de la Corte es la primera que declara inconstitucionales artículos del DNU 70, ya que hasta este momento los reclamos que habían llegado, ya sea contra el texto completo o algunos de sus artículos, fueron impulsados por actores que no contaban con legitimación directa para iniciar estas demandas.
En este caso, la causa fue presentada por una ciudadana, María Del Carmen Bobbio, contra la prepaga Swiss Medical, tras enfrentar un aumento del 110 por ciento en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Ella detalló que, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el aumento habría sido solamente del 6,26 por ciento.
En este marco, la mujer pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que derogaron el artículo 5 inciso g y modificaron el artículo 17 de la ley 26.682, mecanismo que imponía el control estatal sobre los precios de las cuotas de las prepagas.
El juez de primera instancia rechazó su acción de amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa sentencia, declaró la inconstitucionalidad de esos dos artículos y ordenó a la empresa limitar los aumentos de las cuotas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al tiempo que instruyó al Estado a retomar las funciones que le corresponden según la ley y establecer el valor de la cuota.
Se argumentó en esa ocasión que el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y que una decisión de tal envergadura solo podía ser asumida por el Congreso Nacional. Se añadió que el Ejecutivo podía haber incluido esta iniciativa en sesiones extraordinarias, como ya había hecho con otros asuntos legislativos, y que no se probó la necesidad y urgencia.
Tanto el Estado Nacional como la empresa Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal consideró apropiado confirmar la sentencia respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y sobre la orden a la autoridad estatal de reintegrarse al control fiscalizador sobre los aumentos.
En sus argumentos, los jueces mencionaron un fallo reciente en el caso conocido como “Cencosud”, donde afirmaron que “la Constitución Nacional es clara en que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo solo ocurre en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.
En la práctica, la decisión de la Corte no podría significar un cambio considerable para los afiliados, dado que se cuestiona la forma en que se determinan los aumentos. Esto implica que si el Estado hubiera establecido los incrementos periódicos en función del IPC de cada mes, en lugar de dejar esa decisión “librada” a las empresas, probablemente no se habría recurrido a la demanda judicial ni sus consecuencias.
Se consultó a la SSS sobre cómo podría cambiar el nuevo panorama que surge a partir del fallo de la Corte. Desde allí respondieron que, dado que la sentencia modifica el DNU 70, este tema escapa a su jurisdicción y corresponde a la Casa Rosada ofrecer las explicaciones pertinentes. Al cierre de esta nota, no hubo declaraciones al respecto.





